El titular de FOPEA, Fernando Stanich, respaldó el alerta por censura previa en Jujuy y cuestionó la coincidencia temporal entre la negativa de un semanario a levantar su tapa y la modificación de la pauta oficial. Además, reveló una cifra récord de agresiones a la prensa en 2026 y pidió una ley que regule el reparto de publicidad oficial.
El titular de FOPEA, Fernando Stanich, salió a respaldar el alerta por censura previa en Jujuy y respondió a las desmentidas del gobernador Carlos Sadir y su vocero, Alberto Siufi. En diálogo con Radio 2, el referente periodístico defendió el procedimiento del organismo y advirtió que la evidencia sonora es contundente.
Stanich explicó que la intervención de FOPEA siguió un protocolo habitual que contempla la verificación de fuentes y el derecho a réplica de todas las partes, incluido el descargo formal que Siufi presentó antes de que se difundiera el alerta. “Más allá de la explicación oficial, está la charla y está el intento de modificar la posición editorial de esa publicación”, subrayó, y remarcó: “Nadie puede influir en el contenido periodístico de un medio, y mucho menos teniendo una responsabilidad pública representando al Gobierno”.
La pauta oficial bajo sospecha
Consultado sobre los argumentos oficiales que justificaron la modificación de la pauta publicitaria tras la negativa del semanario a levantar su tapa, el presidente de FOPEA puso el foco en la coincidencia temporal. “Ayer escuché declaraciones del propio gobernador y del funcionario explicando por qué habían modificado el reparto, pero suena sugestivo que después de este incidente haya un levantamiento de la pauta publicitaria a ese medio en particular”, señaló.
Récord de agresiones y reclamo de ley
Stanich enmarcó el episodio jujeño en un contexto crítico para la prensa en todo el país. Según precisó, el Observatorio de Libertad de Expresión de FOPEA ya contabilizó 301 agresiones contra periodistas en lo que va de 2026, una cifra que supera el récord histórico de 2025. El titular del organismo vinculó este aumento con la crisis económica de la industria mediática y la caída de la pauta privada, factores que, a su juicio, vuelven a los medios locales más vulnerables a las presiones estatales.
Para revertir estas prácticas, reclamó una regulación transparente: “Instamos a los gobiernos a abstenerse de utilizar la publicidad oficial como un sistema de premios y castigos. Para terminar con esta discrecionalidad tiene que haber una ley que garantice estándares equitativos de reparto, con requisitos claros tanto para los medios como para el Estado”.
Por último, Stanich recordó que Jujuy ya registró otros antecedentes recientes monitoreados por la entidad, como restricciones de acceso a conferencias de prensa oficiales. Y aclaró que cualquier trabajador de prensa de la provincia puede denunciar presiones o hechos de censura ante FOPEA sin necesidad de ser socio de la organización.
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