Formosa: desafectaron a dos policías tras un operativo que interrumpió una reunión de productores rurales
Un operativo policial interrumpió una reunión privada de productores en Formosa, lo que derivó en la desafectación de dos agentes. La FAA denunció “amedrentamiento” y un dirigente local habló de una “orden política”. ¿Qué buscaban realmente los efectivos al llegar a la chacra?
La provincia de Formosa tomó una medida drástica tras un controvertido procedimiento policial. Dos efectivos fueron apartados del servicio y se inició un sumario administrativo luego de que interrumpieran una reunión privada de la Federación Agraria Argentina (FAA) en el norte provincial. El hecho, calificado como “amedrentamiento” por los dirigentes, generó una fuerte reacción institucional.
El ministro de Seguridad, Justicia, Trabajo y Gobierno de Formosa, Jorge Abel González, confirmó las sanciones. “La función de la Policía es la de proteger y cuidar”, afirmó el funcionario, asegurando que se investigará si el procedimiento se ajustó a las normas vigentes.
Desde el Gobierno indicaron que la Jefatura de Policía resolvió apartar a los agentes involucrados mientras avanza la investigación. “Se tomó la decisión de desafectarlos para esclarecer lo ocurrido”, señaló González. El objetivo, según sus palabras, es garantizar el correcto funcionamiento institucional.

¿Qué pasó en la chacra formoseña?
El incidente ocurrió en el marco de una recorrida de la presidenta nacional de la FAA, Andrea Sarnari, quien participaba de actividades con productores. La reunión privada en una chacra fue interrumpida por la presencia policial.
Según el comunicado del Consejo Directivo Central de la FAA, efectivos policiales se presentaron para “interrogar a los asistentes sobre el motivo del encuentro”. La entidad calificó el hecho como un “claro acto de amedrentamiento hacia dirigentes federados en pleno ejercicio de su actividad gremial”.
El CDC, reunido en Rosario, manifestó su “profunda preocupación y enérgico rechazo”. Advirtieron que este tipo de acciones “resultan contrarias a la vida democrática” y “remiten a prácticas que vulneran derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional”.

La FAA exige el cese del hostigamiento
En su comunicado, la entidad agraria expresó su respaldo a los federados formoseños y exigió “el inmediato cese de cualquier forma de hostigamiento hacia los dirigentes y productores”. También reclamó “el pleno respeto a la libertad de reunión, expresión y organización, pilares fundamentales de nuestro sistema democrático”.
La FAA reafirmó su compromiso de “continuar desarrollando su labor gremial con responsabilidad y firmeza en todo el país”. La situación puso en evidencia las tensiones en la provincia respecto a la actividad sindical del sector.

La acusación de una “orden política”
Desde el territorio, la interpretación del hecho fue aún más contundente. Pánfilo Ayala, dirigente de la FAA en Laguna Naineck, afirmó a TN que lo sucedido fue una decisión política.
“La decisión la ejecutó el Gobierno para que vayan a donde estaba Andrea”, afirmó Ayala. Y agregó: “Esto no es algo aislado, es la forma en que actúa el Gobierno de Formosa”. El referente fue claro al señalar que no cree que haya sido una decisión de una subcomisaría, sino una orden con origen político.
“La Policía, en hechos como este, actúa como un brazo ejecutor del Gobierno”, sostuvo el dirigente. Además, cuestionó la selectividad en la aplicación de la ley, señalando que en otros casos “no fueron tan estrictos ni apegados a la ley”.

Ayala insistió en la sensación del sector: “Utilizan la fuerza para amedrentar y vigilarnos. Es lo que sentimos y lo que vemos en el territorio”. Finalmente, apuntó a la cadena de mando: “La Policía depende del ministro y, conociendo cómo funciona el sistema en la provincia, entendemos que fue una orden política”.
Mientras el sumario administrativo avanza para determinar responsabilidades, el caso sigue generando repercusiones. El episodio dejó al descubierto las tensiones entre el sector agropecuario organizado y las autoridades provinciales, planteando interrogantes sobre los límites del accionar policial en contextos de actividad gremial.