La designación de Grisel Insfrán en el Superior Tribunal de Justicia de Formosa, aprobada sobre tablas y sin debate previo, reavivó las sospechas sobre la independencia judicial y las desigualdades salariales en el Poder Judicial.
La designación de Grisel Insfrán como ministra del Superior Tribunal de Justicia de Formosa puso sobre la mesa un debate que excede el nombre de la nueva jueza: la transparencia de los procedimientos legislativos, la independencia del Poder Judicial y las desigualdades que atraviesan a los trabajadores judiciales.
El nombramiento se concretó en una sesión donde la atención estaba puesta en el Presupuesto provincial. El oficialismo incorporó el tema sobre tablas, sin un debate público previo. La decisión, más allá de cubrir una vacante, dejó interrogantes sobre el mecanismo utilizado.
Las formas también importan
Cubrir una vacante en el Superior Tribunal era necesario. Pero la discusión no debería limitarse a quién ocupa el cargo, sino a cómo se llega a esa designación. La incorporación de Insfrán, sobrina del gobernador, generó cuestionamientos desde la oposición. No solo por el vínculo familiar, sino fundamentalmente por la manera en que se resolvió: sobre tablas, sin un proceso que permitiera analizar públicamente otras postulaciones.
Que una persona reúna antecedentes profesionales para ocupar un cargo de semejante responsabilidad no debería ser motivo para evitar el debate. Por el contrario, cuanto mayor es la importancia institucional de una designación, mayores deberían ser las garantías de transparencia.
En otras jurisdicciones existen mecanismos de evaluación, audiencias y discusión parlamentaria que permiten conocer las capacidades de los postulantes y expresar objeciones. La decisión final corresponde a los representantes institucionales, pero eso no significa que el procedimiento deba convertirse en una simple formalidad.
En Formosa, una vez más, el oficialismo mostró que cuenta con los votos suficientes para aprobar decisiones trascendentes sin mayores dificultades. La pregunta es si esa mayoría legislativa debe utilizarse solamente para acompañar las propuestas del Ejecutivo o también para garantizar el debate que la sociedad merece.
La independencia judicial, una cuestión pendiente
La pertenencia familiar de la nueva ministra al entorno del gobernador no determina por sí misma cómo ejercerá su función. Sería apresurado anticipar el comportamiento de una integrante del tribunal sin conocer sus futuras decisiones.
Pero tampoco se puede desconocer que la independencia judicial exige algo más que declaraciones de principios. Necesita credibilidad, distancia respecto del poder político y procedimientos que no dejen dudas sobre la legitimidad de quienes llegan a los máximos cargos de la Justicia.
La ciudadanía tiene derecho a preguntarse si las instituciones funcionan con autonomía o si, por el contrario, sus decisiones terminan condicionadas por el poder político de turno. La Justicia debe ser independiente no solamente en sus sentencias, sino también en su funcionamiento cotidiano.
Una Justicia que debe mirar a sus propios trabajadores
Mientras el oficialismo se ocupaba de completar la integración del Superior Tribunal de Justicia, existe otro problema que merece atención urgente: la situación salarial y laboral de los empleados judiciales.
Las denuncias realizadas por representantes gremiales, entre ellos Fátima Gutiérrez, describen un escenario preocupante. Según lo expuesto, trabajadores con diferentes años de antigüedad y responsabilidades perciben ingresos que prácticamente no muestran diferencias, mientras que los salarios de algunos magistrados y ministros alcanzarían cifras de entre 24 y 30 millones de pesos.
La distancia entre esas remuneraciones y los ingresos de los empleados que ocupan los escalafones más bajos resulta difícil de justificar desde cualquier criterio de equidad. No parece razonable que un trabajador judicial perciba alrededor de un millón cien mil pesos mientras algunos integrantes de la cúpula del Poder Judicial cobran cifras millonarias.
Es cierto que existen diferencias de responsabilidades y jerarquías. Pero también es cierto que ningún sistema de justicia puede desentenderse de las condiciones en las que trabajan quienes sostienen diariamente su funcionamiento.
A esto se suman los cuestionamientos por las medidas contra trabajadores que participan de asambleas y actividades gremiales. El derecho a organizarse, reclamar y defender condiciones laborales está reconocido constitucionalmente y no debería convertirse en motivo de persecución o represalias.
El desafío de recuperar la credibilidad
La llegada de una nueva ministra representa una oportunidad para que el Superior Tribunal de Justicia revise su funcionamiento y atienda conflictos que llevan demasiado tiempo sin respuestas satisfactorias.
No alcanza con completar una vacante ni con garantizar que el tribunal vuelva a tener cinco integrantes. La verdadera responsabilidad de sus miembros es impartir justicia, defender los derechos y garantizar que las instituciones funcionen con independencia.
Resulta contradictorio que un organismo cuya razón de ser es administrar justicia mantenga situaciones de desigualdad y conflictos sin resolver entre sus propios trabajadores. La nueva integración del Superior Tribunal de Justicia debería servir para abrir una etapa diferente, con mayor transparencia, sensibilidad institucional y respeto por los derechos laborales.
Formosa necesita una Justicia que no sea solamente independiente en los papeles, sino también en sus decisiones. Una Justicia que no mida los derechos según la jerarquía de quien reclama y que no confunda autoridad con obediencia.
Ojalá este nombramiento sea una oportunidad para corregir lo que está mal. Porque si quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia no comienzan por garantizarla dentro de su propia institución, será muy difícil pedirle a la sociedad que confíe plenamente en ella.
Omar Eliu Merlo
Director-Editor Diario Formosa Expres
Conductor del programa radial “Expres En Radio” Fm 88.5 VLU