Formosa perdió $21 de cada $100 de coparticipación: el dato que golpea las arcas provinciales

La provincia acumula una caída real del 21,17% en las transferencias automáticas por Coparticipación Federal de Impuestos hasta septiembre, en un escenario donde ninguna jurisdicción del país logró esquivar el derrumbe.

La consultora Politiké midió la evolución real de los envíos automáticos por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) y el resultado es adverso para todas las provincias argentinas. Los retrocesos van del 19,9% al 27,64% según la jurisdicción. En ese lote, Formosa registró una baja acumulada del -21,17% hasta septiembre.

El fenómeno no tiene excepciones: cada distrito del país perdió poder de compra en los fondos que recibe de la Nación. La caída se explica por la desaceleración en la recaudación de los tributos que se coparticipan, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias como principales responsables.

Un problema estructural, no un bache

Que todas las provincias hayan caído en términos reales confirma que no se trata de un mal mes ni de una coyuntura pasajera. La consultora habla de un carácter estructural del fenómeno, lo que anticipa un panorama más restrictivo para las administraciones provinciales.

El impacto es concreto: las provincias deberán sostener sus compromisos presupuestarios con menos recursos de origen nacional. Formosa no es la excepción y su -21,17% acumulado la ubica en la parte media de la tabla de perdedoras.

Otras pérdidas que sacuden las cuentas públicas

El informe de Agenfor repasa otros números que explican el difícil contexto económico. La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que el Banco Central perdió US$ 1.023 millones en 2025 por contratos financieros atados al precio del oro. Es la mayor pérdida de ese tipo desde que se auditan los balances de la entidad.

El dato surge de la auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, presentada el 8 de octubre. Según el organismo de control, el Central usó parte de sus reservas de oro como activo subyacente de derivados liquidables en dólares. El resultado fue una pérdida de alrededor de $1,5 billones: US$ 960 millones por las operaciones y US$ 62,8 millones por el pago de primas de opciones.

La AGN distingue dos cosas. El oro del Central, comprado en gestiones anteriores, se revaluó en más de $8 billones por la suba del precio internacional, por lo cual no hay mérito alguno del gobierno en ello. La pérdida no viene de esa tenencia sino de los derivados que la gestión de Santiago Bausili concertó sobre ese metal.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, dijo que el Central «especuló» con el precio y «erró el cálculo». El BCRA respondió que se trató de una cobertura sobre el 100% de su posición en oro y que, sumando la revaluación, el resultado neto fue positivo en US$ 2.505 millones. También acusó a la AGN de actuar «con fines puramente políticos».

Pero la cuenta del Central muestra justamente el problema: la suba del oro se habría ganado igual sin esos contratos. Lo que los contratos agregaron fue el costo. Hay además una segunda auditoría en curso sobre el traslado de reservas físicas de oro al exterior en 2024, que no se informó en su momento.

La AGN pregunta por qué se decidió, a dónde fueron los lingotes y qué beneficio obtuvo el Central. Se trata de reservas de todos los argentinos.

Qué se podría pagar con US$ 1.023 millones

Para dimensionar qué representan US$ 1.023 millones, el informe compara ese monto con otras erogaciones. En educación universitaria, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Programa 26 «Desarrollo de la Educación Superior» muestra una caída del 25,2% en términos reales entre 2025 y 2023. El Presupuesto 2027 prevé un leve crecimiento del 1,2% frente al crédito vigente para 2026, pero el ajuste sobre las universidades nacionales queda 21,1% por debajo de los niveles de 2023.

Si se hubiera aplicado la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, el presupuesto ascendería a $9,60 billones a valores del 2027, un 28% más que el Presupuesto 2027. En salarios, hasta septiembre de 2026 el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios permanece 24,2% por debajo de noviembre de 2023. La ley insistida por el Congreso disponía una paritaria inmediata que hubiera implicado un aumento del 32%.

El Gobierno nacional lleva 358 días sin aplicar esa ley, que vetó y luego fue ratificada por la Justicia para su implementación.

Agua, RIGI y trabajo precarizado

El 8 de octubre de 2026 el Gobierno de Javier Milei privatizó Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), con la adjudicación del 90% de las acciones al consorcio integrado por Rowing S.A, Transclor S.A (Argentina), Arcos Saneamento e Participações SA (Brasil) y el fondo PHX Aqua AR BV (Países Bajos). La empresa presta agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. La decisión retoma un esquema similar al de los años 90 y contrasta con la recuperación estatal de 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En el marco del RIGI, la petrolera Pan American Energy presentó y amplió su proyecto en Chubut: primero por USD 680 millones y luego por USD 1.200 millones. La provincia arrastra pasivos ambientales históricos, pozos abandonados sin sellar y derrames por la rotura de ductos antiguos. A esto se suma la muerte de más de 400 ballenatos en la zona, que científicos investigan para determinar si hay relación con la actividad petrolera. El desfinanciamiento del CONICET, según el informe, deja a los especialistas sin herramientas para estudiar el fenómeno.

El último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) revela que entre noviembre de 2023 y julio de 2026 cayó la cantidad de trabajadores registrados y creció con fuerza el número de monotributistas. El fenómeno se da en un contexto de disminución del empleo privado y público, y puede leerse como un reemplazo de puestos registrados por empleo precarizado, lo que preocupa por la sostenibilidad del sistema de salud y previsional.

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo aporta otro dato elocuente: entre diciembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 31.270 empresas con cobertura (32 por día) y 420.728 trabajadores (422 por día). Cada empresa y cada trabajador sin cobertura implican, como mínimo, más trabajo informal.