Formosa se plantó contra la reforma de Salud Mental: los tres puntos que encienden las alarmas

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, cuestionó el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 que impulsa el Ejecutivo nacional y advirtió que las modificaciones introducidas arrastran inconsistencias jurídicas y operativas capaces de golpear las garantías de los derechos humanos, la atención comunitaria y el funcionamiento de los sistemas sanitarios provinciales.

La postura la llevó adelante el titular de la cartera, el doctor Juan Carlos Atencia, mediante un comunicado institucional donde se detallan las observaciones técnicas y jurídicas al texto que se discute en el Congreso.

Dónde están los puntos críticos

El documento provincial pone la lupa sobre varios frentes. El primero son los cambios en los mecanismos de control judicial de las internaciones prolongadas. El segundo, las nuevas exigencias que el proyecto impone a los familiares de los pacientes. El tercero, las restricciones que podrían afectar las tareas de fiscalización de los organismos encargados de proteger los derechos humanos.

Además, el texto advierte sobre la sustitución del concepto de padecimiento mental por el de afección o trastorno de salud mental, una variación que, según la provincia, podría achicar el alcance de la protección legal y limitar el acceso a la atención de personas en situaciones de vulnerabilidad psicosocial.

La palabra del ministro

Atencia fue directo al plantear la posición oficial: “La salud mental es un derecho humano fundamental y, como tal, debe ser garantizado por el Estado. No podemos acompañar modificaciones que impliquen retroceder en derechos adquiridos o trasladar a las familias responsabilidades que corresponden al sistema público de salud”.

El ministro también rescató lo ocurrido en la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), realizada el pasado 14 de septiembre, donde las autoridades sanitarias de las provincias ya habían planteado observaciones al proyecto. El argumento central fue que el texto no contemplaba las particularidades y necesidades de las distintas jurisdicciones del país.

“Cualquier modificación de la legislación nacional debe construirse desde una mirada federal, teniendo en cuenta las realidades de cada provincia y garantizando los recursos humanos, presupuestarios y de infraestructura necesarios para su implementación. No se pueden imponer nuevas obligaciones sin asegurar las condiciones para cumplirlas”, sostuvo el funcionario.

Contradicciones y plazos ambiguos

En la misma línea, el titular de Desarrollo Humano señaló que el proyecto presenta contradicciones en la redacción de determinados artículos y ambigüedades en los plazos establecidos para los procedimientos vinculados con las internaciones. Por eso consideró imprescindible revisar esos aspectos antes de que el texto avance en su tratamiento legislativo.

La provincia reafirmó su respaldo a un modelo de atención integral, interdisciplinario y comunitario, apoyado en el respeto a la dignidad humana, la inclusión social y la presencia activa del Estado.

“Defender la salud mental también significa defender la justicia social, la igualdad de oportunidades y el derecho de cada persona a recibir una atención digna, sin importar dónde viva ni cuáles sean sus condiciones económicas”, cerró Atencia.