Frenaron la inscripción de 21 hectáreas frente al Perito Moreno: quién dio la orden

El juez federal de Río Gallegos Claudio Marcelo Vázquez ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que se abstenga de inscribir transferencias de dominio, cesiones y constituciones de derechos reales sobre dos parcelas ubicadas frente al glaciar Perito Moreno. La medida, conocida este viernes 16 de octubre y difundida por Ahora Calafate, alcanza a los terrenos identificados como G2 y G3, dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes.

La decisión no anula la operación ni suspende de manera integral el proyecto turístico, pero le pone un freno registral concreto a una operación inmobiliaria que venía acumulando cuestionamientos políticos, ambientales y legales.

Qué alcanza la medida

Las parcelas G2 y G3 están ubicadas en cercanías del Parque Nacional Los Glaciares. Según la resolución difundida por Ahora Calafate, el magistrado dispuso que el Registro de la Propiedad Inmueble no avance con la inscripción de transferencias de dominio, cesiones ni constituciones de derechos reales sobre esos inmuebles.

El objetivo es preservar la situación registral de las propiedades mientras se define qué tribunal deberá resolver los planteos judiciales de fondo.

En paralelo, Vázquez se declaró incompetente para seguir tratando el amparo y remitió las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez consideró necesaria la participación del Estado nacional, la Provincia de Santa Cruz y las dos empresas involucradas en la operación.

Por ahora, el Decreto Provincial 915/2026 continúa vigente. La medida conocida no lo anula ni implica por sí misma la paralización material del emprendimiento.

Las 21 hectáreas y el decreto de Vidal

El conflicto se originó en la autorización excepcional que firmó el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre de 2026 mediante el Decreto 915/2026. Esa norma permitió exceptuar una restricción provincial para habilitar una operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A., como vendedora, y ASB Hospitality Calafate S.A.U., como adquirente vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos.

No se trata de una venta directa de tierras fiscales por parte del Estado provincial, sino de terrenos privados cuya transferencia requería una autorización administrativa especial.

La operación está relacionada con el proyecto turístico Master Plan Ecocentro, que contempla un desarrollo de alojamiento e infraestructura dentro de la zona protegida. La propuesta incluye 24 cabañas, con una capacidad máxima aproximada de 60 plazas, además de senderos y espacios complementarios.

El decreto original fue modificado después por el Decreto 1019/2026, publicado el 8 de octubre, para precisar la identificación catastral de los terrenos. Los documentos oficiales establecen que la parcela G2 tiene 11,7109 hectáreas y la G3 comprende 9,2881 hectáreas. En conjunto suman 20,999 hectáreas, prácticamente 21, que ahora quedan alcanzadas por la restricción de inscripción.

Por qué interviene la Corte Suprema

La controversia llegó a la Justicia Federal después de que diputados provinciales y representantes del Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS) presentaran un amparo contra el avance de la operación. Los cuestionamientos abarcan el alcance de la autorización excepcional, las restricciones nacionales sobre adquisición de tierras rurales por extranjeros y los requisitos vinculados con la protección ambiental.

El 9 de octubre, la Corte Suprema había suspendido provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales. Esa decisión restableció temporalmente las restricciones sobre la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, pero no había ordenado específicamente detener la operación de Península Magallanes.

La nueva intervención del juez federal constituye un hecho distinto: establece una restricción registral concreta sobre las parcelas involucradas y envía el expediente al máximo tribunal.

El debate sigue abierto

Mientras tanto, la discusión también continúa en la Legislatura provincial, donde se solicitaron informes sobre la autorización y se impulsó una iniciativa para dejar sin efecto el Decreto 915/2026.

Desde el Gobierno santacruceño defendieron la legalidad del procedimiento y sostuvieron que la excepción es específica para esta operación. También indicaron que el desarrollo turístico deberá cumplir las condiciones ambientales y territoriales correspondientes.

La situación deja abiertas cuestiones fundamentales: si la Corte asumirá la competencia, qué decisión adoptará sobre el amparo y cuáles serán las consecuencias para la transferencia de las tierras. Lo confirmado hasta ahora es que la operación enfrenta una restricción judicial para registrar nuevos derechos sobre las parcelas. La resolución definitiva sobre la validez del decreto y el futuro del proyecto turístico permanece pendiente.

El conflicto involucra una de las áreas naturales más sensibles y reconocidas de Santa Cruz, donde confluyen intereses de inversión privada, actividad turística y protección ambiental.