Los frigoríficos que exportan a Europa estarían descontando hasta $600 por kilo a los productores que no están inscriptos en una plataforma privada de trazabilidad. La advertencia de CRA y el detalle que complica a todo el sector.
La Confederación de Rurales Argentinas (CRA) denunció que exportadores estarían castigando el precio de la hacienda si el productor no está inscripto en VISEC Carne, una herramienta privada de trazabilidad. La advertencia la hizo su secretario, Adrián Luna Vázquez, en el programa La Otra Campana, de LT7 Radio Provincia de Corrientes.
El dirigente explicó que la controversia nace de las exigencias ambientales de la Unión Europea, pero aclaró que esa normativa no impone el uso de una plataforma privada en particular. «Está un poco convulsionado con el tema este del VISEC, que la verdad genera mucha confusión», sostuvo.
El precio de no estar en VISEC
Según Luna Vázquez, un grupo de frigoríficos exportadores usa la inscripción en el sistema como criterio para fijar el valor de compra. Los descuentos que se mencionaron en la entrevista van de 300 a 600 pesos por kilo de hacienda.
El dirigente reprodujo la postura que atribuye a esos compradores: «Si tiene VISEC, pago lo que señala el mercado y, si no, de lo contrario, lo que hago es o pagar menos o no comprar».
En el programa se indicó que el novillo apto para la Unión Europea se comercializa alrededor de 8.000 a 8.100 pesos por kilo, mientras que el que no cumple las condiciones de la plataforma podría recibir entre 7.500 y 7.700 pesos.
Luna Vázquez remarcó que el descuento se aplica sobre la totalidad de los kilos vendidos, aunque solo una parte del animal se destine al mercado europeo. «No es todo el desguace del animal que va a Europa, sino solamente una parte. Sin embargo, se le hace un descuento sobre la totalidad del kilo de la hacienda y sobre toda la hacienda que se carga», afirmó. Y agregó: «Entonces, realmente es un perjuicio importante al productor».
Competencia desleal y abuso de posición dominante
El secretario de CRA cuestionó que una herramienta pensada para verificar condiciones ambientales termine funcionando como mecanismo de presión comercial. «De alguna manera se está haciendo uso de esta herramienta para generar una situación, si se quiere, de competencia desleal o abuso de posición dominante de mercado», denunció.
El acuerdo con UATRE que genera rechazo
Otro de los puntos que abordó Luna Vázquez fue un convenio que, según indicó, VISEC firmó el 29 de octubre con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
El dirigente rechazó que una organización sindical intervenga en la validación de la legalidad laboral de los establecimientos. Según su interpretación de la legislación, las tareas de inspección corresponden a los organismos estatales, mientras que los gremios tienen atribuciones de acompañamiento. «No puede entrar un delegado gremial a un establecimiento a hacer un control de legalidad, porque además carece absolutamente de facultades para hacerlo», afirmó.
Certificaciones alternativas que no se reconocen
CRA recibe reclamos de productores de todo el país que, pese a contar con certificaciones de trazabilidad de otras herramientas, no pueden vender su hacienda a determinados frigoríficos. Luna Vázquez puso como ejemplo el sistema público y gratuito Santa Fe Produce Sustentable.
«Nosotros en CRA recibimos reclamos de todo el país», señaló. Y relató la respuesta que reciben esos productores: «Cuando ese productor quiere vender a un frigorífico le dice: ‘Si no es VISEC, yo no te valido’. Y terminó».
Para el dirigente, el problema no pasa por cumplir las exigencias ambientales de Europa, sino por la falta de reconocimiento comercial de otros mecanismos de certificación.
El reclamo al Estado: que haya una alternativa pública
Luna Vázquez confirmó que CRA se reunió con autoridades nacionales para plantear estas inquietudes y pedir una mayor intervención estatal. Recordó que históricamente el Estado argentino validó las condiciones para exportar a distintos mercados a través del SENASA.
«Cuando en su momento se tuvieron que acreditar condiciones para acceder a otros mercados, como por ejemplo cuota Hilton, cuota 481, Estados Unidos, vaca china, siempre las validaciones de cumplimiento las hizo el propio Estado a través del SENASA», explicó.
También cuestionó que las plataformas privadas usen información de registros públicos para desarrollar sus mecanismos de validación. «Todas estas plataformas utilizan la información pública que está en los registros del Estado, del SENASA, de ARCA», indicó.
Y comparó con los países vecinos: «Si Brasil, Paraguay y Uruguay desarrollaron herramientas públicas, no entendemos por qué el Estado nacional no lo quiere hacer». En ese sentido, reclamó: «Más allá de que existan las validaciones privadas, que tampoco el Estado se haga a un costado».
Libertad de comercialización en juego
El dirigente explicó que la actividad ganadera tiene tiempos productivos que impiden postergar la venta indefinidamente. «Cuando el animal está listo para vender, el productor tiene que vender, no puede dejarlo», señaló.
Aclaró que CRA no les dice a los productores si deben registrarse o no en VISEC, sino que les brinda información para que evalúen las consecuencias comerciales de cada decisión. «Nosotros no le decimos, le dejamos libertad de decisión al productor, pero le damos a conocer lo que está ocurriendo. Tratamos de transferirle el conocimiento para que pueda tomar decisiones adecuadas», afirmó.
La controversia deja abierto un debate sobre el rol del Estado, la competencia entre compradores y las condiciones que deben cumplir los productores para acceder a los mercados internacionales. Para CRA, el desafío es cumplir con las exigencias ambientales de la Unión Europea sin que la trazabilidad se convierta en una barrera comercial que afecte los ingresos de los ganaderos.
