Fue al hospital por un balazo en la cara y salió detenido: la Justicia tomó una decisión que complica a su defensor

Un hombre acusado de participar en el asalto fatal a un comerciante de Bariloche buscó atención médica por una herida de bala y terminó preso. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó su planteo y consideró que la detención fue legal. La decisión, unánime, deja firme la prisión preventiva que pesa sobre Franco Alí González, imputado por el homicidio de Elías Miguel.

El hecho ocurrió la noche del 17 de mayo, cuando dos encapuchados entraron a robar a la vivienda del comerciante. La víctima se defendió con un arma de fuego y alcanzó a herir a uno de los asaltantes en el rostro antes de ser baleado y perder la vida. El herido logró escapar, pero dejó un rastro de sangre que guió a los investigadores. Tres horas después, se presentó en el hospital zonal de Bariloche con una lesión grave que le costó la pérdida de un ojo.

Su ingreso por la Guardia derivó en una cirugía de urgencia y en el aviso a la policía, que ordenó su detención inmediata. La defensa, a cargo del abogado Ezequiel Palavecino, pidió la nulidad de ese procedimiento y la exclusión de las pruebas obtenidas durante la atención hospitalaria. Sostuvo que se violaron garantías constitucionales y que la pesquisa se apoyó en un dato surgido de la consulta médica.

Un reclamo que ya sumaba rechazos

El planteo no prosperó en las instancias anteriores. El juez de Garantías Juan Pablo Laurence lo rechazó en un primer momento, y el juez Bernardo Campana hizo lo propio en una audiencia de revisión. Después, el Tribunal de Impugnación también avaló el procedimiento y desestimó el recurso por cuestiones formales. Con ese recorrido, Palavecino llegó en queja al STJ, donde criticó que una persona que busca atención por una dolencia grave termine detenida “en ausencia de una fuente independiente de investigación que sostenga la pesquisa, al margen del dato hospitalario”.

El máximo tribunal rionegrino no le dio la razón. El voto que firmaron Sergio Barotto, Sergio Ceci y Cecilia Criado señaló que la médica que atendió a Alí González “se limitó a informar la existencia de una herida de arma de fuego”, un dato recogido “en el ejercicio de su función”. Añadieron que al dar parte a la policía “cumplió una obligación legal, y la queja no desvirtúa ese razonamiento”.

La defensa había invocado la llamada “doctrina Baldivieso”, basada en un fallo de la Corte Suprema que benefició a un imputado por tráfico de drogas incriminado tras pedir atención médica. Para el STJ, “la analogía con Baldivieso no resiste el cotejo de los supuestos fácticos”: en aquel caso, las cápsulas de estupefacientes halladas en el organismo del paciente constituían “la prueba directa del delito”, mientras que una herida de bala “no prueba en sí misma la comisión de un delito por parte de quien la padece”. Los jueces la describieron como “un dato clínico neutro” y remarcaron que la médica “no vinculó la herida con hecho delictivo alguno”.

En un segundo voto, los jueces Ricardo Apcarian y Liliana Piccinini también votaron por rechazar la queja, aunque sin analizar el fondo. Indicaron que la presentación “no cumple los recaudos formales” y “vuelve sobre planteos ya contestados en la denegatoria sin atacar el punto relevante”.

Con esta resolución, Alí González continúa detenido y su situación procesal no se modifica. Está acusado junto a Juan Bonnefoi por el homicidio del comerciante, ocurrido durante el robo a su vivienda.