Fueron a reclamar por la ley universitaria y terminaron desalojados a gases en pleno Recoleta

Un centenar de estudiantes universitarios vivió una jornada de alta tensión en el barrio porteño de Recoleta. Ingresaron al Palacio Sarmiento para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y fueron desalojados por la Policía Federal con gases lacrimógenos y escudos.

El edificio, ubicado sobre el pasaje Pizzurno, es la sede de la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. La protesta había arrancado en las inmediaciones del palacio y, con el correr de las horas, derivó en una ocupación pacífica del interior.

Forcejeos, sentada y desalojo

Según el relato de los manifestantes, las fuerzas de seguridad intentaron bloquear el acceso al edificio, lo que generó forcejeos. Quienes lograron entrar se sentaron en el piso de la Secretaría y mantuvieron una sentada hasta que se produjo la evacuación.

Antes del operativo, los estudiantes habían pedido una respuesta al secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien no los atendió y convocó a los efectivos policiales. "Se nos acabó la paciencia", repetían los jóvenes durante la protesta.

La denuncia del Gobierno

Tras el desalojo, el Ministerio de Capital Humano anunció que denunciará ante la Justicia la toma del Palacio Sarmiento. En un comunicado, calificó el ingreso como una "toma violenta" y aseguró que se produjeron daños al patrimonio público.

La cartera que conduce Pettovello sostuvo que la evacuación fue posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina. El Gobierno remarcó que el derecho a manifestarse debe ejercerse dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas, y cuestionó que la violencia, la intimidación o la ocupación de edificios estatales se utilicen como métodos de protesta.

Además, confirmó que recurrirá a la Justicia para determinar qué ocurrió durante la protesta y quiénes serían los responsables de los daños denunciados.

El reclamo de fondo

El principal pedido de los universitarios era el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa había sido aprobada por el Congreso y defendida en la Justicia por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En las últimas horas, el juez Martín Cormick había dado lugar a una presentación de ambas instituciones y ordenado al Ejecutivo cumplir con lo presupuestado. También había declarado la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, con el que el Gobierno había promulgado la ley y condicionado su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento.

"Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció", había expresado Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.

Los estudiantes también reclamaban un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

"Tenemos enfrente a un gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia. Y no nos vamos a ir de acá hasta que se comprometan a cumplir con los reclamos que les acercamos", había sentenciado Bär Larralde.

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— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) October 7, 2026