Fumigaban con drones y los tabacaleros de Pozo Azul no lo dejaron pasar
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Fumigaban con drones y los tabacaleros de Pozo Azul no lo dejaron pasar

Los tabacaleros de Pozo Azul denunciaron que los drones les arruinaban las plantas y la Provincia frenó todo. Pero hay cámaras que no quieren ni escuchar hablar de la medida y salieron con los tapones de punta.

La decisión de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable de suspender preventivamente y por tiempo indeterminado el uso de drones para fumigar en toda la provincia cayó como una bomba en el sector productivo misionero y abrió un frente de cruces que todavía no encuentra punto de equilibrio.

La medida llegó después de que productores tabacaleros de distintas colonias de Pozo Azul denunciaran daños severos en sus plantaciones, que atribuyen a los químicos que se aplican sobre campos ganaderos mediante vehículos aéreos no tripulados.

El foco del conflicto

Los colonos afectados son, en su mayoría, pequeños productores de Picada Unión y Picada 10. Según relataron, miles de plantas de tabaco muestran síntomas de deterioro, con pérdidas que ponen en riesgo el trabajo de toda la zafra y la inversión que hicieron para sembrar.

El reclamo de los tabacaleros fue el primer eslabón de la cadena. La Provincia escuchó esa queja y respondió con la suspensión del sistema de fumigación aérea, una herramienta que se expandió en los últimos años en el ámbito rural.

Las cámaras que no están de acuerdo

La resolución provincial no fue bien recibida en todos los sectores. La Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo (Cacim) y la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) manifestaron su rechazo a la medida.

Ambas entidades coincidieron en que el camino correcto no pasa por prohibir la herramienta, sino por profundizar los controles sobre cómo y dónde se aplican los productos. Para las cámaras, suspender el uso de los drones deja sin respuesta el problema de fondo y golpea a un sector que venía incorporando tecnología.

Así, la provincia quedó atravesada por dos posiciones que parecen irreconciliables por ahora: los pequeños productores que piden protección frente a los daños en sus cultivos y las entidades que defienden el uso regulado de los equipos. La suspensión sigue vigente y el debate, lejos de cerrarse, suma capítulos.

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