Funcionario imputado por usar DNI ajeno enfrenta rechazo total a salida alternativa

La parte damnificada rechazó de plano cualquier acuerdo y exigió que la causa avance hacia el juicio. La situación judicial del secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, se complicó aún más tras el rechazo formal a una posible conciliación. Imputado por presuntamente usar un DNI denunciado como robado para crear una cuenta digital y publicar comentarios injuriantes, ahora enfrenta la exigencia de que el proceso penal continúe sin dilaciones.

La abogada Belén Salas, en representación de Julián Echazú Toneatti, presentó un escrito donde solicitó que se dé por terminada la instancia de conciliación. La defensa del damnificado advirtió sobre una “dilación injustificada” y sostuvo que el imputado mantuvo “silencio absoluto” pese a haberse comprometido a formular una propuesta en el marco de la mediación.

¿Qué pruebas tiene la Fiscalía?

La investigación es impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, quien reunió pruebas técnicas, bancarias y documentales. El expediente se abrió en agosto de 2025 cuando Echazú Toneatti denunció que había perdido su DNI y descubrió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización.

El hecho salió a la luz cuando el funcionario Alejandro Sangenis se comunicó con él para preguntarle por comentarios agresivos publicados bajo su nombre, expresiones que el denunciante negó haber escrito. La Fiscalía determinó que la cuenta digital cuestionada fue creada el 2 de junio de 2025 y que la suscripción paga fue abonada con una tarjeta de crédito cuyo titular sería Viola.

¿Por qué se rechazó la conciliación?

El fiscal Chit había promovido una instancia de conciliación al considerar que el delito investigado permitía una salida alternativa. La propuesta contemplaba que el funcionario realizara disculpas públicas en el mismo espacio donde se produjeron los agravios y además efectuara una donación económica como forma de reparación.

Sin embargo, la parte damnificada rechazó esa posibilidad desde el inicio y ahora endureció formalmente su postura. En su presentación, sostuvo que se trata de “soluciones simbólicas que carecen de verdadera entidad reparatoria” y advirtió que aceptar esa vía implicaría enviar “un mensaje devastador para la sociedad”.

El escrito también incorpora un cuestionamiento de fondo sobre el desarrollo del expediente. Allí se señala una “inaceptable asimetría”, en la que el imputado -por su condición de funcionario público- podría beneficiarse de demoras sin consecuencias concretas.

¿Qué consecuencias podría enfrentar?

La representación del denunciante afirmó que la maniobra provocó una especie de “muerte civil digital”, y sostuvo que el daño ocasionado no se repara con “cortesías formales” ni con una compensación económica. Con este nuevo planteo, la causa quedó en una etapa decisiva.

Ahora será el Ministerio Público Fiscal el que deberá resolver si declara fracasada la conciliación y avanza con la formalización de la acusación, un paso que podría conducir a la elevación a juicio oral. En paralelo, sigue siendo una pieza central del expediente la declaración indagatoria de Viola ante el juez federal Guillermo Díaz Martínez.

Por ahora, todo queda a la espera de que el funcionario presente, tal como se había comprometido, una propuesta concreta. Pero aun si eso ocurriera, la posición de la víctima parece estar definida: no quiere un acuerdo, sino que la Justicia Federal avance hasta las últimas consecuencias.