Furlán se plantó en Comodoro Py y negó el contrato millonario con la empresa de una empleada
Se presentó en Comodoro Py con su abogado y dejó un escrito. Lo que dijo sobre el contrato con la empresa de una empleada del gremio, mientras la Justicia avanza con las indagatorias.
El exjefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán se presentó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py y dejó un escrito en el que rechazó las acusaciones que lo involucran en una presunta defraudación dentro del gremio. Todo gira alrededor de un contrato que el sindicato firmó con una firma que administró la caja y los aportes de los afiliados.
“No hay nada irregular ni delictivo”, afirmó Furlán ante la prensa al retirarse del edificio, acompañado por su abogado Alejandro Rúa. La salida se produjo tras media hora de permanencia en el edificio judicial.
En el texto entregado a la Justicia, el exdirigente metalúrgico también sostuvo: “No hubo desmanejos de fondos ni falta de transparencia”. Además, sus defensores pidieron acceder a la parte reservada del expediente.
La empresa que manejaba la caja
La causa apunta a la contratación de la firma Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), que pasó a administrar los fondos del gremio y los aportes de los trabajadores. Al frente de esa sociedad estaba María Soledad Calle, empleada del sindicato y conocida por haber comprado el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner, en San José 1111.
La hipótesis de los investigadores indica que la UOM y su obra social contrataron a USEM cuando la compañía tenía apenas 82 días de vida. Entre sus accionistas figuraba Calle, que trabajaba en el gremio.
De acuerdo con un informe reservado elaborado por la actual intervención del sindicato, la empresa habría recibido $2.466.334.995 en concepto de honorarios.
Qué dice el juez
La causa está en manos del juez Julián Ercolini, con la fiscalía de Eduardo Taiano. En la citación a indagatoria, el magistrado remarcó que los contratos se firmaron con una sociedad constituida el 7 de diciembre de 2022, unos 82 días antes de la rúbrica, y que tenía “una estructura operativa reducida”, sin otra actividad comercial relevante que los vínculos con UOMRA y OSUOMRA.
Ercolini también consideró que “la celebración y posterior ejecución de los contratos habría importado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los intereses patrimoniales de UOMRA y OSUOMRA”.
La Justicia comprobó que Calle tuvo un vínculo laboral con la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y que, en paralelo, se desempeñó como directora suplente y accionista titular del 50% de USEM SA.
El negocio de los aportes
En febrero de 2023, la conducción de Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de los 200.000 afiliados. Desde entonces, USEM se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores metalúrgicos, lo que habría representado una ganancia cercana a los $100 millones mensuales.
La indagatoria de Calle está programada para la semana próxima.
La respuesta de Furlán
Respecto del acuerdo con la compañía de una de sus empleadas, Furlán aseguró: “No hubo ningún contrato secreto ni confidencial ni nada parecido. No se ha eliminado ninguna auditoría y los controles externos permanecen inalterados y fortalecidos, así como todos los resguardos patrimoniales que corresponden”.
De la reelección a la intervención
El 18 de marzo de este año, Furlán había logrado su reelección al frente de la UOM con el respaldo de 48 de las 53 seccionales. Sin embargo, un fallo judicial anuló esos comicios y ordenó intervenir el gremio tras detectar presuntas anomalías en la elección de la seccional de Zárate-Campana, un bastión histórico del dirigente.
Desde fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri, abogado vinculado al radicalismo porteño y cercano a Daniel Angelici.
Las medidas de prueba
Antes de las indagatorias, Ercolini ya había pedido una serie de medidas. En septiembre levantó el secreto fiscal y solicitó informes sobre el patrimonio de los investigados a la Unidad de Información Financiera (UIF), la ARCA, la Anses, Migraciones y la Prefectura Naval.
La compra del primer piso de San José 1111 por parte de Calle salió a la luz en agosto pasado. La operación se cerró el 20 de agosto de 2025, dos meses después de que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgara la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner. Calle pagó US$189.000 por la propiedad de 252 m2, según el Registro de la Propiedad Inmueble porteño. En la negociación previa, según trascendió, la mujer mencionó que el lugar se usaría “como sede de una Fundación”.
Con información de La Nación.