El Gobierno estiró la concesión de la central hidroeléctrica más potente del país y les puso una condición a las empresas que la operan: qué deberán firmar para seguir a cargo. La fecha que eligió el Ejecutivo no es la que muchos esperaban.
La central hidroeléctrica Futaleufú no cambiará de operador por ahora. El Gobierno nacional estiró la concesión hasta el 30 de abril de 2027, según quedó plasmado en el Decreto 1349/2026, que llevan la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Con esa decisión, el Ejecutivo vuelve a patear la definición sobre quién manejará uno de los complejos energéticos más importantes de Chubut. El plazo anterior vencía el 15 de diciembre, por lo que la prórroga suma algo más de cuatro meses de transición.
La medida no es exclusiva de la provincia: abarca a once centrales hidroeléctricas del país cuyos contratos ya expiraron o están en proceso de renovación. La idea oficial es sostener la operación de todas ellas mientras se arma el nuevo esquema de licitaciones.
La más potente de todas las alcanzadas
Entre las instalaciones incluidas en el decreto, Futaleufú juega en otra categoría. Sus 560 megavatios de potencia instalada la convierten en la central de mayor capacidad de todo el grupo y explican por qué concentra cerca de la mitad de la potencia total comprendida en la prórroga.
Hoy la explotación está en manos de Hidroeléctrica Futaleufú. El paquete accionario se reparte entre Aluar, con el 60,2%; la Provincia del Chubut, con el 33,51%, y un grupo de otros accionistas que completa el 6,29% restante.
No es una extensión gratis
El decreto no deja a las concesionarias sin obligaciones. Para seguir operando, las empresas deberán adherir formalmente a las condiciones que fijó la Nación dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Entre los requisitos aparece uno sensible: renunciar a los reclamos administrativos y judiciales vinculados al período de transición. También deben comprometerse a no iniciar nuevas acciones legales contra el Estado por hechos ocurridos durante la prórroga, una cláusula que alcanza incluso a posibles presentaciones de los propios accionistas.
A eso se suma la obligación de conservar las garantías de cumplimiento contractual y de mantener el servicio conforme a lo pactado en los contratos vigentes.
El camino hacia la nueva licitación
Mientras tanto, el Gobierno avanza en el procedimiento para elegir a los próximos concesionarios. La Secretaría de Energía será la encargada de redactar los pliegos, llamar a licitaciones nacionales e internacionales, analizar las ofertas, adjudicar las concesiones y firmar los contratos.
Lo que todavía no está definido es el calendario. El decreto no fija fechas para el lanzamiento de los concursos ni precisa las condiciones finales de los futuros acuerdos. Tampoco establece la duración de las próximas concesiones, las inversiones que deberán asumir las adjudicatarias ni los cánones que tendrán que pagarle al Estado.
Por lo pronto, Futaleufú seguirá funcionando con la administración actual durante los próximos meses. La discusión de fondo, el destino de la concesión de uno de los principales activos energéticos de Chubut, queda abierta.
