Galán, con el Código en la mano, desafía a la Justicia: "¿La ley es igual para todos?"

El diputado provincial Javier Galán salió a defender su postura en plena causa judicial que lo investiga por presuntos delitos contra la integridad sexual. A través de un video publicado en sus redes sociales, el legislador opositor mostró el Código Procesal Penal de Catamarca y cuestionó con dureza los plazos procesales, en la antesala de un fallo clave de la Cámara de Apelaciones previsto para el próximo martes.

Con el ejemplar en la mano, Galán sostuvo que la investigación sumaria no puede superar los dos meses sin que opere la caducidad. "No soy un abogado, soy un diputado, una persona que está pasando por un proceso judicial y trato de estudiar, de escuchar a mi abogado, de entender para explicarle a ustedes", afirmó en el video.

El legislador fue más allá y planteó una pregunta que dejó flotando en el aire: "¿El cumplimiento y los plazos de esta norma, como se me lo aplique a mí, diputado opositor, sería igual para un diputado oficialista? (...) No pido privilegios, no pido un trato especial, solamente que se aplique y se cumpla la ley", sentenció.

La estrategia de la defensa

El reclamo de Galán se alinea con la estrategia de su abogado, Leonardo Berber, quien durante la reciente audiencia ante la Cámara de Apelaciones solicitó la caducidad de la instancia. Sin embargo, la fiscal del caso, Alejandra Antonino, rechazó el planteo y argumentó que la caducidad no opera de manera automática por el simple paso del tiempo, sino ante la inactividad procesal.

La representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el Juzgado de Control de Garantías mantuvo una actividad constante y señaló que aceptar el pedido de la defensa configuraría una "caducidad provocada", generada por la dilación de los propios recursos interpuestos por el imputado.

Antonino también recordó que, al tratarse de denuncias por delitos contra la integridad sexual de mujeres, los códigos de rito deben armonizarse con los tratados internacionales de derechos humanos, impidiendo que tecnicismos procesales obstaculicen una investigación exhaustiva previa al eventual tratamiento del desafuero en la Legislatura. Esta postura fue respaldada por la querella, a cargo de la abogada Silvia Barrientos.

El estado del proceso

La causa se originó en abril pasado a partir de tres denuncias radicadas contra el legislador. La primera y la tercera presentación concentran el debate central sobre los plazos procesales que la Cámara resolverá este martes.

En cuanto a la segunda denuncia, relata un episodio de presunto acoso y tocamientos indebidos en una sede partidaria. No obstante, la denunciante no se presentó a realizar las pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por la Justicia, factor que podría condicionar la viabilidad de su trámite.

Con los alegatos de las partes ya expuestos, el tribunal de alzada dará a conocer el 1 de septiembre su resolución definitiva, donde determinará si hace lugar a la caducidad interpuesta por la defensa o si ratifica la continuidad de la investigación penal preparatoria.