Gamboa y Girvau defendieron el accionar policial tras allanamientos y caso de corrupción

El ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y el jefe de Policía Joaquín Girvau salieron al cruce de las investigaciones por presuntas coimas y el caso Beltrán, defendiendo el trabajo de la fuerza. Confirmaron 21 allanamientos en total y aseguraron que solo un policía en actividad fue detenido, mientras resaltaron el apoyo gubernamental y negaron que exista un “foco de corrupción” en la institución.

En medio de dos investigaciones paralelas que exponen maniobras irregulares dentro de la fuerza policial —los allanamientos por presuntas coimas y el caso Beltrán, vinculado al uso de presos en una obra ubicada en un terreno fiscal presuntamente usurpado—, las máximas autoridades de seguridad brindaron nuevas declaraciones públicas.

Gamboa: “No habrá cambios en la fuerza y vamos a seguir profundizando la investigación”

Durante una conferencia improvisada, el ministro Agüero Gamboa confirmó que los procedimientos corresponden a dos causas diferentes y que, en total, se llevaron adelante 21 allanamientos.

“Analizado los operativos que se han realizado durante la mañana y lo que va de la tarde de hoy, donde se han realizado varios operativos… tenemos personal policial retirado que ha sido acusado de una asociación ilícita en una investigación que se viene realizando desde hace un año y medio”, dijo.

Sobre los detenidos, precisó: “Un solo policía está en actividad, todo lo demás fueron retirados. No recuerdo el apellido. No es jefe de una comisaría. Estaba cumpliendo funciones de segundo jefe en la guardia”.

“No habrá cambios previstos para la fuerza”

Agüero Gamboa fue consultado sobre eventuales modificaciones en la cúpula policial: “No habrá ningún cambio previsto para la fuerza. Vamos a seguir trabajando fuertemente. Con el gobernador delineamos los operativos que vienen para las fiestas y las vacaciones”.

¿Impacta en la imagen de la Policía?

El ministro respondió sin rodeos: “Primero es dolor, es un golpe para la institución. Pero esto impacta bien, porque la Policía de la Provincia también está depurando. La Provincia está excluyendo al personal policial que no cumple con los estándares que se piden”.

Negó categóricamente que la Unidad Regional Norte sea un foco de corrupción: “No, bajo ningún concepto. ‘Nantro de corrupción’ es una calificación malintencionada. No se puede calificar así a toda la fuerza por cinco o seis efectivos que no han valorado el uniforme”.

Girvau: “No podemos meter en la misma bolsa a todos los policías”

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, también respondió preguntas vinculadas a las dos causas que sacuden a la fuerza.

“Las reuniones siempre son positivas. Esto es un punto y aparte, una vuelta de página. La Policía ya hizo lo que tuvo que hacer. Esta mañana está movilizada con la decena de allanamientos”.

Reforzó su respaldo institucional: “No podemos meter en la misma bolsa a todos los empleados policiales. Hay muchos empleados que valoramos, desde el PTP hasta el comisario general”.

Y agregó: “Vamos a seguir dando una lucha frontal hacia el delincuente. Y al policía que delinque, la Policía se va a encargar de ese policía”.

“No nos olvidemos de los resultados operativos”

Girvau recordó procedimientos de alto impacto: “No nos olvidemos de los 400 kilos de droga. No nos olvidemos de que policías nuestros se enfrentaron a tiros con narcotraficantes. Tenemos un policía muerto. No pongamos a todos en la misma bolsa”.

Sobre la denuncia de coimas

Girvau dio un dato clave: “A una propietaria de un local bailable… ella hizo la denuncia el año pasado. La policía se va a presentar también a aclarar esta situación”.

Contexto: dos causas que elevan la tensión interna

La fuerza enfrenta simultáneamente dos investigaciones principales a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira:

1. La causa por exacciones ilegales

Allanamientos en domicilios de jefes policiales por presunto pedido de coimas, con secuestros de armas, teléfonos y documentación.

2. El caso Beltrán – El Cadillal

El ex jefe de la URN está acusado de utilizar presos como mano de obra en una vivienda construida en un terreno fiscal presuntamente usurpado, investigándose maniobras de traslado irregular de condenados y falsificación de registros.

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