Garuhapé: la comunidad mbyá volvió al predio y el juez define si ordena otro desalojo

El conflicto por tierras en Garuhapé sumó un nuevo capítulo: tras la restitución del inmueble a su propietario, integrantes de la comunidad Puente Quemado II reingresaron al lugar con presencia de menores. Ahora, la Justicia debe resolver un recurso de la defensa y un nuevo pedido de desocupación.

La causa comenzó con una denuncia de Alfredo Roberto Ruff por presunta usurpación de los lotes 71 a 78 de la fracción Cañafístola, en el departamento Libertador General San Martín. Según la documentación del expediente, esos terrenos están inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre del denunciante.

El 16 de julio, el juez Roberto Senna, del Juzgado de Instrucción de Jardín América, ordenó la restitución de los inmuebles a Ruff. La medida se ejecutó: las personas que ocupaban el lugar se retiraron y la propiedad fue entregada nuevamente al dueño.

¿Qué pasó después del desalojo?

Sin embargo, pocos días después, hubo un nuevo ingreso. Según fuentes del caso, esta vez fue un grupo más numeroso, con adultos y menores. Quienes volvieron a ocupar el predio habrían sostenido que la resolución de desalojo estaba anulada, aunque fuentes judiciales indicaron que esa interpretación no coincide con la situación procesal actual.

El recurso de la comunidad

La defensa de la comunidad presentó un recurso de reposición contra la decisión del juez, solicitando que la revise o deje sin efecto. Este planteo ya fue notificado a las partes y ahora el magistrado debe resolverlo. La presentación no implica que la orden del 16 de julio haya quedado anulada, aclararon las fuentes.

Mientras tanto, la querella de Ruff volvió a insistir para que se realice una nueva desocupación. La resolución original consideró que había elementos para sostener que Ruff ejercía legítimamente sus derechos, pero aclaró que se trataba de una medida cautelar y provisoria, sin definir el conflicto territorial de fondo.

El rol de los menores y los plazos

La presencia de niños en el predio es un punto sensible. Aunque no impide que el juez decida, cualquier medida deberá contemplar su situación para evitar vulneraciones de derechos. La resolución original ya había pedido a la Municipalidad de Garuhapé que acompañe la relocalización de los ocupantes.

Ruff mantiene la explotación productiva de las tierras y reclama que se restablezca la situación posterior al primer desalojo. Se espera que el juez resuelva en unos cinco días los dos planteos centrales: el recurso de la comunidad y el pedido de la querella.