Gendarmería los siguió en plena persecución y terminaron derribando un búnker en Rosario
Gendarmería los siguió en plena persecución y terminaron adentro de un inmueble de Tupac Amaru y Federico de la Barra. Lo que encontraron mientras fraccionaban cocaína obligó a intervenir el lugar, pero la fiscal Banchio advierte que ahí no termina la historia: los que realmente manejan el negocio siguen siendo el objetivo.
Una persecución de Gendarmería Nacional en Rosario terminó con los investigadores adentro de un nuevo punto de venta de drogas. En el inmueble, ubicado en Tupac Amaru y Federico de la Barra, encontraron cocaína en pleno proceso de fraccionamiento y elementos de corte para preparar las dosis. Este viernes, el gobierno provincial derribó el lugar.
El procedimiento se enmarcó en la ley de Microtráfico y contó con la supervisión de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mercedes Banchio, y del secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino.
El origen: una persecución en flagrancia
Según explicó Banchio, la investigación arrancó con la actuación de Gendarmería durante una persecución en flagrancia. Esa intervención permitió constatar que en el inmueble había cocaína siendo fraccionada y elementos de corte para preparar las dosis que después se vendían directamente a los consumidores.
Con esas constataciones y el trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia y Seguridad, se avanzó sobre el lugar. La causa también llevó a audiencia a una persona que residía en una propiedad lindera y que se adjudicaba el derecho de propiedad sobre el inmueble inactivado.
La apuesta a los que manejan el negocio
Para la fiscal, la intervención sobre el punto de venta es solo una parte de una investigación más amplia: determinar quiénes están detrás de la comercialización y qué grupos controlan el territorio.
“Esta pequeña aprehensión en flagrancia nos lleva a estos lugares y nos permite seguir investigando desde la Fiscalía y la inteligencia coordinada, para poder llegar a saber quiénes son”, señaló Banchio.
La funcionaria advirtió que las personas que están en los puntos de venta muchas veces cumplen funciones subordinadas a estructuras de mayor alcance. Por eso sostuvo que el objetivo es avanzar sobre quienes manejan esos espacios y evitar las disputas territoriales que pueden derivar en hechos de violencia.
“Muchas veces estas personas hacen una actividad subordinada a determinados grupos que sí tienen el manejo, y lo que nos preocupa y priorizamos es que esos manejos llevan a disputas territoriales que traen violencia, y es lo que debemos evitar”, afirmó.
El seguimiento después del derribo
Santantino puso el foco en la necesidad de mantener el seguimiento de los lugares intervenidos. Explicó que, aunque los inmuebles quedan inutilizados para la actividad ilegal, eso no garantiza que la venta de drogas desaparezca de la zona.
Por ese motivo, indicó que el gobierno provincial monitorea cada punto inactivado, atiende las denuncias de los vecinos y sigue los indicadores de violencia para detectar si la comercialización se desplaza o cambia de modalidad.
93 búnkeres inactivados en Rosario
Con el procedimiento de este viernes, Rosario llegó a 93 inmuebles vinculados con la narcocriminalidad inactivados durante la gestión de Maximiliano Pullaro. En toda la provincia de Santa Fe, la cifra asciende a 155.
Las intervenciones se realizan en el marco de la ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y cuya aplicación comenzó a principios de 2024. La normativa contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles relacionados con actividades delictivas y hechos de violencia altamente lesiva. Los procedimientos requieren coordinación entre el gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe y las fuerzas federales.
Santantino definió el derribo como parte de una política provincial que, según sostuvo, viene acompañada por una caída de los indicadores de violencia. Sin embargo, reconoció que el trabajo no termina con la demolición de los inmuebles y que el desafío sigue siendo identificar y seguir las estructuras que sostienen la comercialización de drogas y las disputas territoriales.
