Gendarmes procesados tras un control en la ruta: la sospechosa exigencia que terminó en la Justicia

Una familia santiagueña fue interceptada dos veces en la ruta por efectivos que, tras revisar sus compras, les pidieron una suma de dinero para evitar un secuestro. El hecho, ocurrido en enero, derivó en una investigación federal que culminó con el procesamiento de tres uniformados por el delito de exacciones ilegales agravadas.

El juez Federal, Sebastián Argibay, dictó el procesamiento de los gendarmes Guillermo Guido Prevosti, Luciano Nicolás Cristaldo y José Francisco Romano. La medida judicial se basa en la presunta comisión del delito de “exacciones ilegales agravadas”, tipificado en los artículos 266 y 268 del Código Penal, que implica que un funcionario público abuse de su cargo para exigir pagos indebidos.

Los agentes, defendidos por el letrado Javier Leiva, se encuentran en situación de disponibilidad dentro de la fuerza mientras avanza la causa.

¿Qué sucedió durante el viaje?

Los hechos se remontan al 12 de enero de 2025. Según la investigación del fiscal Pedro Simón, Claudia Anabela Lucía Villavicencio y otra persona identificada como Hernández viajaban por la ruta nacional 34. Iban en una camioneta, junto a un chofer y dos mujeres más, de regreso a Santiago del Estero luego de realizar compras en Aguas Blancas, Salta.

Cerca de las 21 horas, en la zona de Pozo Hondo, departamento Jiménez, una camioneta blanca con la leyenda “Gendarmería Nacional” los interceptó. El vehículo oficial salió desde un camino secundario, se adelantó a gran velocidad y les hizo señas para que se detuvieran. Tras un control, les permitieron continuar el viaje.

La segunda parada y la exigencia de dinero

La situación se tornó más grave aproximadamente una hora después, en la Balanza “Las Tijeras”, en La Banda. La misma camioneta de Gendarmería volvió a aparecer y los mismos gendarmes, esta vez acompañados por otro colega, les ordenaron nuevamente que bajaran del vehículo con todas sus pertenencias.

Uno de los efectivos revisó la mercadería, que consistía en mochilas, medias y vasos para niños. Fue en ese momento cuando, según la denuncia, uno de los gendarmes les habría dicho: “Tienen que entregarme $ 80.000, sino le sacamos todas las cosas”. Ante la respuesta de las víctimas de que solo tenían $ 30.000, el uniformado habría cuestionado “Esto no me alcanza” y procedió a buscar personalmente en la riñonera de una de las mujeres. Finalmente, se habría resignado a aceptar los $ 30.000 y les ordenó que se fueran.

La investigación y la defensa de los acusados

Al día siguiente, Claudia Villavicencio formalizó la denuncia ante la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional. Los tres gendarmes fueron demorados e indagados el 11 de abril de 2025, ocasión en la que, asistidos por su abogado, se abstuvieron de declarar.

Posteriormente, el defensor Javier Leiva presentó un escrito alegando la ausencia de pruebas objetivas y la inconsistencia del relato de las denunciantes. También solicitó la resolución de la situación procesal de sus representados. Como parte de las pruebas, se realizó una pericia informática sobre los celulares secuestrados a los acusados, la cual fue llevada a cabo por la División de Comunicaciones de la Policía Federal, ya que el UNICRIEFOR de GNA Santiago no pudo realizarla.

En su resolución, el juez Argibay consideró “inverosímil pensar que las denunciantes realizaron un relato fabulado”. El magistrado destacó la coincidencia en la secuencia de los hechos —los dos controles en ruta, la exigencia de dinero y la forma en que se produjo— y concluyó que estos elementos aportan “suficiente probabilidad o sospecha bastante de lo acaecido”, fundamentando así la decisión de procesar a los tres efectivos.