Geriátrico ilegal en Santa Fe: piden más tiempo para imputar al detenido y buscan a la administradora prófuga

La causa por el geriátrico clandestino de calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, dio un giro clave en las últimas horas. El fiscal Manuel Cecchini solicitó formalmente una prórroga para acusar al encargado detenido, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) intensifica la búsqueda de la presunta administradora, quien sigue prófuga.

El pedido se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con un objetivo claro: ganar tiempo para profundizar las pruebas, ubicar a la mujer y consolidar el legajo antes de formalizar las imputaciones. Según fuentes judiciales, el detenido tiene plazo hasta este jueves para ser llevado a la audiencia imputativa, pero la fiscalía busca ampliar ese margen.

El caso, que estalló tras un incendio en un colchón dentro del inmueble, ya no se limita al encierro de los residentes. La investigación ahora abarca delitos económicos y posibles responsabilidades institucionales, con varios frentes abiertos en simultáneo.

¿Qué se investiga en el geriátrico ilegal?

El equipo fiscal amplió el radio de la causa y ordenó el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas de los residentes. El objetivo es reconstruir el uso de tarjetas de débito, el cobro de jubilaciones y posibles maniobras de despojo patrimonial.

Además, buscan determinar cómo llegaban los abuelos al lugar y si existieron derivaciones informales desde efectores de salud u otras dependencias. En paralelo, se confirmó que las víctimas permanecían bajo llave y con candado al momento del incendio, lo que configura la figura de privación ilegítima de la libertad.

La propia fiscalía abrió una auditoría interna tras confirmarse que la mujer buscada ya había sido denunciada en 2025 por gestionar otros asilos irregulares, sin que se aplicaran medidas cautelares preventivas en ese momento.

¿Qué dijo el fiscal regional?

Jorge Nessier, fiscal regional de Santa Fe, fue contundente al referirse a las posibles fallas previas: “Si existió alguna situación que no haya tenido la debida atención por parte del Ministerio Público de la Acusación ante denuncias previas, se adoptarán las medidas administrativas y eventualmente disciplinarias que correspondan”.

Las pericias ya confirmaron que el inmueble de calle José Gollán carecía de toda habilitación municipal o provincial para funcionar como residencia gerontológica. La constatación de que la principal sospechosa acumulaba antecedentes por maniobras calcadas en otros puntos del Gran Santa Fe acentuó la urgencia de los peritos por determinar la responsabilidad penal en cada eslabón operativo del recinto.

Mientras tanto, la PDI ejecuta allanamientos y seguimientos para dar con la dueña del lugar. La causa promete seguir sumando capítulos en los próximos días.