Glinski, tras el fallo de la Corte: "Una ley se cambia con una ley"

El diputado nacional por Chubut José Glinski cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata sobre la Ley de Tierras Rurales y advirtió por las consecuencias de la eliminación de los límites a la propiedad extranjera en la Patagonia.

En diálogo con ADNSUR, el legislador aclaró que el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737, sino que rechazó la demanda porque consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promoverla.

"Lo que hace la Corte Suprema es invalidar la presentación de quienes interpusieron este recurso de amparo en la Justicia", explicó Glinski. Según su interpretación, el tribunal no discutió el contenido del artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras, sino que se concentró en determinar si la organización de ex combatientes estaba habilitada para llevar el planteo ante la Justicia. La sentencia consideró que no estaba configurado un caso o controversia judicial porque el CECIM no podía invocar un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo en los términos necesarios para promover esa acción.

"La Corte no opinó sobre el fondo de la cuestión, no opinó sobre el artículo del DNU 70 que contenía la derogación de la Ley de Tierras", sostuvo el diputado.

El recorrido judicial

La causa había comenzado a partir de una presentación del CECIM contra el artículo 154 del DNU 70/2023, después de que el Gobierno nacional derogara mediante ese decreto la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

En primera instancia, el planteo fue rechazado por falta de legitimación. Luego, la Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la apelación, reconoció la posibilidad de la asociación de promover la acción colectiva y, en marzo de 2024, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. El Estado nacional llevó entonces el expediente a la Corte Suprema, que ahora revocó aquella sentencia y rechazó la demanda.

Qué establecía la norma derogada

Glinski puso el foco en las restricciones que fijaba la Ley de Tierras antes de su derogación. Explicó que la norma no impedía que ciudadanos o empresas extranjeras adquirieran tierras en la Argentina, sino que establecía límites para esa propiedad. Entre otras disposiciones, fijaba un máximo del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de límites por nacionalidad y restricciones específicas para determinadas zonas, como las vinculadas con cuerpos de agua y áreas de seguridad fronteriza.

"Para nosotros los chubutenses y particularmente para los comodorenses es menos abstracto que para otros habitantes de nuestro país", afirmó el diputado, que vinculó la discusión con los recursos naturales de la región: petróleo, gas, agua y minerales.

Glinski también mencionó el caso de las grandes extensiones adquiridas por el grupo Benetton en la Patagonia en la década de 1990 y planteó interrogantes sobre el destino de los recursos naturales y las tierras ante la eliminación del marco de restricciones.

Críticas al DNU y a la Ley Bases

El legislador cuestionó que una norma de ese tipo haya sido utilizada para derogar una ley. "Una ley se cambia con una ley", afirmó, aunque reconoció que la Constitución contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte decretos de necesidad y urgencia bajo determinadas circunstancias.

En esa línea, vinculó la discusión con el tratamiento de proyectos que reúnen diferentes temas en un mismo texto, como ocurrió con la denominada Ley Bases. Según su análisis, ese tipo de iniciativas dificulta el debate individual de cada reforma y puede hacer que cuestiones de naturaleza diferente sean tratadas dentro de un mismo paquete legislativo.

Malvinas y seguridad

Durante la entrevista, Glinski también se refirió a un proyecto relacionado con Malvinas que se encuentra en discusión parlamentaria. Según explicó, detrás de la cuestión vinculada con la soberanía sobre las islas aparecen otros capítulos relacionados con seguridad, inteligencia y defensa que, a su criterio, requieren un debate específico. En particular, cuestionó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la inclusión de las denominadas infraestructuras críticas, entre las que mencionó yacimientos petroleros, emprendimientos mineros, centros de datos y líneas eléctricas.

Sobre ese punto, sostuvo que existe el riesgo de que determinadas herramientas destinadas originalmente a atender amenazas externas puedan terminar utilizándose sobre organizaciones sociales, sindicales, políticas o de pueblos originarios.

"Los recursos que tenemos los chubutenses alcanzan para que cada uno de los 660.000 habitantes de nuestra provincia viva mucho mejor", expresó, y planteó que deberían traducirse en mejores condiciones de vida, empleo y servicios.

"Nuestro petróleo para nuestra gente, nuestro gas para nuestra gente, nuestra agua para nuestra gente", resumió. Al mismo tiempo, aclaró que no se opone a la llegada de inversiones, pero planteó que deberían desarrollarse bajo condiciones que contemplen el impacto ambiental y una distribución de los beneficios que alcance a la población local.

"Nosotros queremos inversiones, queremos que vengan otros a ayudarnos a desarrollarnos, pero bajo ningún punto de vista va a ser a costa de nuestra propia gente", afirmó.