Gloria Ruiz deberá pagar por una denuncia que nunca pudo probar: la Justicia falló en su contra

La Justicia civil de primera instancia le dio la razón a Marcelo Severini, presidente de CALF, en la demanda por injurias y daños que le inició a Gloria Ruiz. La exvicegobernadora fue declarada responsable por haber impulsado una denuncia penal sin sustento y difundirla en los medios.

El fallo, conocido este jueves 17 de septiembre, representa un nuevo revés judicial para Ruiz y se suma al conflicto que arrastra desde fines de 2024, cuando fue suspendida por la Legislatura y respondió con una batería de acusaciones contra funcionarios provinciales.

Una denuncia que se desarmó sola

Todo empezó en diciembre de 2024. Los abogados de la entonces vicegobernadora, encabezados por Carlos Broitman, presentaron una denuncia en la Justicia Federal de Comodoro Py contra una decena de funcionarios provinciales y contra Severini. Los cargos eran graves: asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos.

Según la presentación, los denunciados habrían armado una maniobra clandestina —un supuesto «golpe institucional»— para sacarla de la presidencia de la Legislatura. El problema: la demanda nunca detalló hechos concretos ni explicó qué habría hecho Severini en esa trama.

El expediente no tardó en caerse. El juez porteño Sebastián Casanello se declaró incompetente por una cuestión territorial y lo derivó a los tribunales federales de Neuquén. Allí, la fiscal Mariana Querejeta también se apartó al concluir que no había materia federal. El caso terminó en la fiscalía provincial de Diego Azcárate, que lo archivó por falta de tipicidad.

Ese archivo fue la base sobre la que Severini construyó su reclamo civil por daños y perjuicios. En su presentación, el titular de CALF pidió una indemnización económica, la supresión de las publicaciones injuriosas en plataformas digitales y la difusión de los aspectos centrales de la sentencia en medios gráficos regionales.

Qué resolvió la Justicia

El magistrado consideró que la denuncia original fue archivada de manera exprés por falta de pruebas y por su imprecisión conceptual. Y fue más allá: sostuvo que acusar penalmente sin describir conductas materiales ni aportar elementos mínimos de convicción excede el ejercicio regular de un derecho y configura una «conducta reprochable» dentro de los parámetros de la «acusación calumniosa».

La sentencia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a Ruiz a pagar cinco millones de pesos por daño moral, más intereses calculados a tasa pura y activa del Banco Provincia del Neuquén.

Además, ordenó la eliminación inmediata de todas las menciones a la falsa denuncia contra Severini en las plataformas digitales de la exfuncionaria. Para eso fijó un plazo de diez días, bajo apercibimiento de sanciones económicas progresivas. Las costas del proceso quedaron a cargo de la parte vencida.