Gobernó Morillo un cuarto de siglo y ahora Casación lo declaró responsable de vaciar las vías del tren

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución que Atta Miguel Gerala había conseguido en abril y lo declaró penalmente responsable como partícipe necesario de robo y contrabando agravados. El expediente vuelve ahora al tribunal de origen para fijar la pena: el fallo todavía no define cuántos años de prisión le corresponden.

La resolución lleva la firma del viernes 16 de octubre y comenzó a circular entre el domingo y este lunes. Los jueces Javier Carbajo y Daniel Petrone votaron por dejar sin efecto la absolución; Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.

Un cuarto de siglo en dos etapas

Gerala estuvo al frente del municipio de Rivadavia Banda Norte, cuya cabecera es Coronel Juan Sol —conocida como Morillo—, entre 1995 y 2011: 16 años consecutivos. Después de perder la intendencia contra Marcela Carabajal, pasó por la Cámara de Diputados provincial y en 2015 recuperó el Ejecutivo municipal, que mantuvo hasta noviembre de 2024, cuando la intervención del municipio cortó su gestión.

Entre ambos períodos sumó cerca de 25 años como intendente. No fueron tres décadas sin interrupciones: hubo una pausa de cuatro años entre las dos etapas.

Cómo salían los rieles hacia Bolivia

La causa reconstruyó la extracción de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, en sectores del Chaco salteño. El circuito incluía el corte del material, su traslado, el acopio en Orán y la salida clandestina hacia Bolivia.

El robo afectó el camino que conecta Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano. Según el Ministerio Público Fiscal, la investigación vinculó al comerciante David Edilberto Medina con Miguel "Yopi" Gerala, hijo del entonces intendente. Las comunicaciones y otras medidas permitieron reconstruir la provisión de rieles sacados de las zonas de Pluma de Pato, Dragones y Morillo. La acusación también describió el pago de coimas para eludir controles.

El material ferroviario integra el patrimonio público: la maniobra consistía en desmantelar esa infraestructura y venderla fuera del país.

La acusación y la defensa

En el juicio, la Fiscalía calificó el hecho como "un delito de poder". Para sostener la acusación contra Gerala apuntó al hallazgo de 15 rieles en su domicilio, herramientas de corte y una camioneta que usaba su hijo.

La defensa rechazó su responsabilidad. Puso en duda que las herramientas secuestradas fueran las empleadas en los robos y planteó que los rieles podían estar en el terreno desde antes de que él lo adquiriera. También objetó la falta de pruebas directas que lo conectaran con los demás acusados.

El tribunal de juicio lo había absuelto por el beneficio de la duda. Al revisar esa decisión, la mayoría de Casación consideró acreditada su participación necesaria en el contrabando y el robo agravados. Slokar, en cambio, entendió que correspondía mantener la absolución.

Un antecedente que no equivale a condena

El de los rieles no fue su primer conflicto judicial por el manejo de recursos públicos. En 2016 fue procesado por peculado en una causa por un presunto faltante de $1.265.000 de su gestión anterior. En ese momento negó haber cometido un delito y atribuyó la denuncia a una disputa política, según una entrevista publicada por La Gaceta Salta.

La causa se elevó a juicio en 2019. No se pudo verificar una sentencia posterior en ese expediente, por lo que ese antecedente debe distinguirse de una condena.

Las condenas que ya pesan sobre los demás implicados

"Yopi" Gerala recibió seis años de prisión mediante un juicio abreviado. El comerciante Medina fue condenado a la misma pena. El integrante de Gendarmería Jorge Fernando Cabrera recibió dos años de ejecución condicional por cohecho pasivo.

El policía Mauro Rodríguez fue condenado a tres años en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cohecho pasivo. Casación rechazó la impugnación de su defensa.

El otro intendente del norte salteño

Entre los acusados de esta causa, Gerala es el único que había ejercido una intendencia. Pero el norte de Salta ya registró otro caso de un jefe municipal condenado por sustraer infraestructura pública.

Jorge Enrique Prado, exintendente de Aguaray, recibió seis años y seis meses de prisión por el robo de 228 caños del Gasoducto GNEA. Según informó el Ministerio Público Fiscal, esa sentencia quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema en 2025.

Son expedientes distintos: Prado fue condenado por los caños y Gerala fue declarado responsable por los rieles. El antecedente sirve para dimensionar el problema, sin convertir el caso de Morillo en un hecho sin precedentes.