Gobierno de Milei suspende vouchers de formación y doble escolaridad tras fallo que ordena restituir planes a casi un millón de personas

El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que no podrá aplicar dos políticas sociales clave si queda firme la decisión de la Justicia Federal de ordenar la restitución de los planes sociales a casi un millón de personas. “Lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, informó el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, a través de un comunicado.

La medida responde al fallo del juez federal de Campana Adrián González Charvay, que ordenó a esa cartera restituir el pago del programa “Volver al Trabajo” para los 951.871 beneficiarios de todo el país. El Gobierno consideró que la decisión tiene “graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial” y anunció que apelará.

El fallo obliga a la cartera a pagar la prestación de $78 mil dentro de los próximos tres días y a mantener el programa hasta que haya una sentencia de fondo. Al justificar la decisión de discontinuar el programa, el Gobierno sostuvo que “finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación”.

Además, la cartera señaló que tras el vencimiento se efectuó “una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”.

El programa que ordenó reponer la Justicia había reemplazado al Potenciar Trabajo. El Gobierno presentó la voucherización como el fin de los planes sociales. Antes había dado de baja la contraprestación que debían dar los beneficiarios con el argumento de correr de la intermediación a las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Buena parte de esos recursos se pagaron vía la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Un grupo de trabajadores del VAT promovió una acción colectiva contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril de 2026, con pago de una última asignación este mes. El 13 de abril, cinco trabajadores de la economía popular presentaron un amparo colectivo denunciando que la quita del programa implica el recorte del salario.

Con críticas al Gobierno, la UTEP publicó un comunicado señalando que el fallo “es un límite contundente al plan de miseria planificada” del Gobierno. “El Salario Social Complementario nunca fue un regalo ni un privilegio, lo conquistamos como complemento del trabajo real que nos inventamos todos los días en los comedores, en las cooperativas de reciclado, en los polos textiles, en el espacio público y en los barrios más postergados”, señalaron en el documento.

También se pronunció contra el Gobierno el dirigente piquetero y diputado Juan Grabois, quien consideró que el fallo es “un acto de justicia franciscana en medio de tanto sadismo anarcocapitalista”.