Golpe a la fiscalía: juez frenó la acusación contra la intendenta de Huergo

El juez de Garantías Gastón Pierroni rechazó la formulación de cargos contra la intendenta de Huergo, Silvia Penilla, y dos funcionarios, al considerar que el hecho imputado no constituye delito penal sino una irregularidad administrativa.

La fiscal Vanesa Cascallares había acusado a Penilla, al subsecretario de Gobierno Darío Cavia y a su pareja Eva Muller por administración fraudulenta contra la administración pública. Sin embargo, Pierroni fue contundente: “Para mí no hay delito, si hay una irregularidad manifiesta pero de ahí a que constituya un delito penal dista mucho”, afirmó en su resolución.

¿Qué pasó con la querella?

En la misma audiencia, el magistrado excluyó a la querella integrada por miembros del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante. Argumentó que ambos órganos forman parte del mismo municipio y no pueden presentarse como querellantes individuales sin una resolución de sus respectivos cuerpos.

Los argumentos del juez

Pierroni sostuvo que Cavia cobró de manera irregular, pero aclaró: “cobró por sus servicios”. Y agregó: “Yo no veo una ventaja o provecho económico en perjuicio de la administración municipal”. Pese al rechazo, no sobreseyó a los imputados y dejó abierta la investigación preliminar para que la fiscalía profundice las pesquisas y, si corresponde, solicite una nueva formulación de cargos.

¿Qué dijo la fiscalía?

La fiscal Cascallares adelantó que apelará la decisión y pidió la revocatoria, planteo que fue rechazado por Pierroni. Según la acusación, la maniobra habría comenzado con la designación de Cavia sin registro formal en la planta municipal. Luego, se habrían transferido 4 millones de pesos a cuentas de Muller para saldar facturas, ya que Cavia no emitía facturación propia.

La acusación señaló que la intendenta “habría abusado de las facultades de administración” e instrumentó un mecanismo de pago por fuera del régimen legal, con la intervención de las otras dos personas.

La defensa contraataca

El abogado Damián Torres, defensor de los imputados, había criticado duramente a la fiscalía en la audiencia previa. Calificó la hipótesis fiscal como “deficiente” y afirmó que pocas veces vio una acusación “tan mal confeccionada” tras dos años de investigación. Sostuvo que la fiscalía intentó mezclar “agua y aceite”, transformando faltas administrativas en un delito penal sin precisar el lucro indebido ni el daño real al erario público.

La causa sigue abierta y se espera la decisión de la Cámara de Apelaciones ante el recurso de la fiscalía.