Golpearon a un joven discapacitado y ahora tres policías esperan una prueba clave: la defensa pidió escuchar los audios

La causa contra tres efectivos de la Policía de San Juan por la golpiza a un joven con discapacidad en Rawson volvió a postergarse. La audiencia de control de acusación, el paso previo al juicio oral, quedó diferida por un pedido de la defensa de uno de los imputados.

El trámite estaba fijado ante la jueza de Garantías Carolina Parra. Allí el Ministerio Público Fiscal iba a formalizar el requerimiento de juicio y a pedir penas de prisión efectiva. Pero antes de que la fiscalía expusiera los hechos y la calificación legal, el abogado Reinaldo Bedini, defensor del cabo Diego Antonio Díaz Sanz, solicitó una prórroga amparada en el Código Procesal Penal.

El peritaje que frenó la audiencia

El planteo de la defensa apunta a una medida probatoria que considera decisiva: ampliar un informe técnico de la Policía de San Juan sobre las modulaciones de audio de los equipos de comunicación de la fuerza.

En concreto, pidió auditar las grabaciones de la hora previa al procedimiento, es decir, las anteriores a las 19:00. Según su hipótesis, en esas frecuencias quedaría constancia de que la fractura que sufrió la víctima no la provocó el personal policial, sino un grupo de vecinos durante un supuesto intento de linchamiento.

La jueza Parra hizo lugar al pedido en resguardo del derecho de defensa y otorgó un plazo de 10 días para que la fuerza remita el peritaje. Recién entonces se reanudará el proceso.

Qué dice la acusación

El hecho investigado ocurrió en agosto de 2024 en el interior del Barrio La Estación, en Rawson. La víctima es un joven mayor de edad con retraso madurativo. Como consecuencia del procedimiento sufrió una fractura severa en el sector izquierdo de la mandíbula, que necesitó cirugía y le dejó 120 días de incapacidad médica.

La fiscalía sostiene la acusación contra los tres integrantes de la Motorizada N°2: el cabo Emanuel Paredes, el cabo Diego Antonio Díaz Sanz y el agente Fernando Aballay. Están imputados como coautores materiales de apremios ilegales, lesiones graves, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Este último delito se desprende de la presunta adulteración del acta de aprehensión inicial para justificar el accionar policial.

Más allá de las versiones cruzadas que los propios acusados fueron planteando a lo largo del expediente, el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales, ratificaron que mantendrán el pedido de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo para cada uno de los tres agentes.