Golpeó a un detenido esposado y la Justicia lo inhabilitó: la insólita excusa del agente

Un efectivo de la Policía de San Juan fue condenado por un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad: le propinó un puñetazo en el rostro a un detenido que ya estaba reducido y esposado. La agresión ocurrió en una comisaría y derivó en una sanción ejemplar.

La Justicia de San Juan dictó sentencia este miércoles contra Alexis Álvarez, quien reconoció su culpa en el marco de un juicio abreviado. El agente aceptó que golpeó a un preso cuando este ya no podía ofrecer resistencia, un hecho que la fiscalía calificó como apremios ilegales.

¿Qué pasó en la comisaría?

El caso se originó a fines de agosto de 2025, cuando Víctor Alejandro Manzur fue detenido tras una persecución en motocicleta. El hombre tenía un pedido de captura vigente y fue alojado en los calabozos de la Comisaría 2da.

Al día siguiente, el detenido se negó a salir para una revisión médica y se produjo un forcejeo con los efectivos. Sin embargo, según la acusación, cuando Manzur ya había sido reducido y esposado, Álvarez le dio un golpe de puño en la cara.

La condena y la inhabilitación

La audiencia estuvo a cargo de la jueza Gloria Chicón, pero las partes acordaron un juicio abreviado. El fiscal Roberto Ginsberg y el defensor oficial Alejandro Martín García pactaron una pena de un año de prisión en suspenso, por lo que Álvarez no irá a la cárcel si cumple las reglas de conducta.

Además, el policía fue inhabilitado por dos años para ejercer funciones vinculadas a su cargo. Al momento del hecho, se desempeñaba en la Comisaría 2da, aunque actualmente trabajaba en el área de Control de Agencias Privadas de la Policía.

Las pruebas que lo incriminaron

La acusación se sustentó en un informe médico que constató una lesión facial compatible con un golpe directo y en las imágenes de las cámaras de seguridad internas de la dependencia. Esos registros fueron clave para que el agente admitiera su responsabilidad.

El delito de apremios ilegales alcanza a los funcionarios que ejercen violencia o tratos abusivos sobre personas detenidas, incluso si la detención es legal. En este caso, la Justicia consideró que el uso de la fuerza fue desproporcionado y posterior a la reducción del detenido.