El intendente de Pomán reclamó que los concejales que lo denunciaron le pidan disculpas públicas. La respuesta del presidente del Concejo no tardó en llegar y dejó en claro que la pulseada sigue.
El intendente de Pomán, Francisco Gordillo, redobló la apuesta tras la desestimación de la denuncia penal en su contra por la compra de la Casa Santa Rita. A través de los canales oficiales del municipio, el jefe comunal reclamó que los concejales Walter Centeno y Maricel Quinteros le ofrezcan una disculpa pública por las acusaciones que impulsaron.
La Municipalidad informó que la Justicia de Andalgalá resolvió desestimar la presentación "de manera definitiva". La resolución, según precisó el Ejecutivo, se emitió el jueves 29 de octubre y abarcó las imputaciones vinculadas a la adquisición del inmueble destinado al Centro Cultural para la Tradición, Memoria y Arte Pomanista.
El descargo del intendente
En un escrito difundido junto al anuncio, Gordillo sostuvo que la decisión judicial confirmó la "total inexistencia de delito". Además, calificó las acusaciones como infundadas: "En su mayoría carecen de fundamentos y solo constituyen falsedades para desprestigiar y calumniar a mi persona, a los agentes afectados y a la institución que represento".
El intendente fue más allá y adjudicó la denuncia a una maniobra política. "Nunca se buscó justicia en absoluto, solo la aviesa intención de perjudicar creyendo que a partir de la difamación gratuita se lograría lo que no se consigue con trabajo, esfuerzo y la vista puesta en el bienestar comunal", expresó.
En esa línea, consideró que "la política debería basarse en el debate de ideas y proyectos, y no en situaciones falsas que tratan de buscar en los tribunales sus herramientas de campaña".
El pedido concreto apuntó a Centeno y Quinteros: les exigió "la presentación de una disculpa pública para con las personas que fuimos intencionadamente perjudicadas". Según planteó, ese reconocimiento podría habilitar una nueva etapa de trabajo conjunto entre las autoridades municipales.
La réplica del Concejo
La respuesta de Centeno no se hizo esperar. El presidente del Concejo Deliberante defendió la actuación del cuerpo y remarcó que controlar el destino del dinero público es parte de la responsabilidad para la que fue elegido.
"La denuncia presentada en su momento no respondió a ninguna estrategia política ni a una 'intención de perjudicar'. Surgió del análisis de elementos que requerían una investigación profunda", afirmó.
El edil también puso el foco en los argumentos de la desestimación. A su entender, la Justicia se apoyó principalmente en pruebas formales emitidas por el propio Ejecutivo investigado, lo que refleja "una mirada parcial del conflicto que no se condice con los elementos fehacientes aportados por este cuerpo de concejales".
A ese cuestionamiento sumó un reclamo por la falta de notificación. "Como denunciantes e integrantes de una institución del Estado, nunca fuimos notificados formalmente por la Justicia sobre este dictamen", aseguró.
Según relató, los concejales se enteraron de la resolución por los medios de comunicación y por las publicaciones del propio intendente, quien, según su versión, ya contaba con el documento antes que los denunciantes. Esa situación la calificó como un "absoluto desmanejo institucional".
Por último, ratificó que seguirá fiscalizando los recursos municipales: "El debate de ideas es valioso, pero la rendición de cuentas clara y sin condiciones es obligatoria en una democracia saludable".
El origen del conflicto
La disputa se remonta a la compra directa de la Casa Santa Rita mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Los concejales objetaron que la operación no pasara por el Concejo y señalaron contradicciones entre la documentación del Ejecutivo y la escritura.
La adquisición estaba valuada en unos 40 mil dólares y, de acuerdo con los planteos del cuerpo legislativo, se habría abonado con 59,2 millones de pesos en efectivo.
Gordillo justificó el procedimiento argumentando que el Concejo estaba en receso. Los ediles, en cambio, sostuvieron que la cesión de derechos se firmó cuando el cuerpo ya funcionaba en sesiones ordinarias.
El cruce escaló cuando el intendente concurrió al recinto para presentar un informe. Allí aseguró que la propiedad se compró con fondos ahorrados durante dos años y negó haber utilizado partidas salariales.
Después de ese episodio, Gordillo afirmó que los cuestionamientos buscaban condicionar una eventual candidatura suya en 2027. El Concejo, por su parte, aprobó avanzar con la denuncia penal contra el intendente y los funcionarios involucrados, y pidió al Tribunal de Cuentas una auditoría extraordinaria sobre la Tesorería municipal.
