Graneros: el PJ bloqueó el atajo opositor y ahora la intervención depende de un dictamen

La mayoría peronista de la Legislatura rechazó este miércoles la reserva del expediente que busca intervenir la Municipalidad de Graneros, con lo que la oposición perdió la chance de forzar el debate en la próxima sesión. El proyecto deberá pasar primero por la Comisión de Asuntos Constitucionales y obtener dictamen antes de llegar al recinto.

El autor de la iniciativa, el legislador José Macome, pidió al inicio de la sesión reservar el expediente en secretaría, un mecanismo pensado para garantizar su incorporación al orden del día de la próxima reunión parlamentaria. El planteo fue rechazado por el presidente del bloque del Partido Justicialista, Roque Tobías Álvarez, quien sostuvo que el proyecto debía cumplir antes con el trámite ordinario en comisión.

Al momento de la votación, la bancada oficialista hizo valer su mayoría y bloqueó la reserva. Así, el expediente quedó encajado en Asuntos Constitucionales, donde los legisladores analizarán la viabilidad de la intervención y decidirán si emiten un dictamen que habilite después el debate en el recinto.

Diez firmas opositoras y el fantasma del "grave desorden institucional"

El proyecto había tomado impulso cuando diez legisladores opositores le pidieron a la presidenta de Asuntos Constitucionales, Carolina Vargas Aignasse, acelerar el tratamiento del expediente 350-PL-26. La solicitud lleva las firmas de Claudio Viña, Walter Berarducci, José Manuel Cano, Eduardo Verón Guerra, José Macome, Raquel Nievas, Ricardo Bussi, José Nicolás Seleme, Manuel Courel y Agustín Romano Norri.

Los opositores invocaron el artículo 139 de la Constitución provincial y alegaron la existencia de un presunto "grave desorden institucional" en Graneros. Entre los antecedentes que enumeran aparecen los incidentes del sábado 19 de septiembre, durante una visita al municipio del diputado nacional Gerardo Huesen. Su comitiva denunció agresiones, insultos y amenazas que atribuyó a personas vinculadas con la gestión municipal.

Desde el municipio rechazaron esas acusaciones y negaron cualquier vínculo con los agresores. La iniciativa también menciona una denuncia penal presentada en junio contra la intendenta Raquel Graneros por presunto enriquecimiento ilícito, relacionada con la compra de inmuebles.

Para los legisladores opositores, estos episodios afectan la convivencia democrática y justifican avanzar con la intervención. Por ahora, el proyecto deberá superar el análisis de Asuntos Constitucionales antes de tener la posibilidad de ser debatido en el recinto.