Grasso celebró el fallo de la Corte que frena la venta de tierras a extranjeros

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, celebró este viernes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el Gobierno nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. A través de sus redes sociales, el jefe comunal reafirmó su postura en defensa de los recursos naturales y el territorio argentino.

"Argentina no está en venta", escribió Grasso al compartir la noticia del fallo. Y agregó: "Otra batalla ganada gracias a la organización. La Argentina no está en venta. Vamos a seguir peleando en defensa de los argentinos y los santacruceños: en defensa de lo nuestro".

La medida del máximo tribunal suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Qué resolvió la Corte Suprema

La decisión se adoptó en el marco de una causa impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la derogación desde una perspectiva ambiental. La resolución contó con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La suspensión tendrá vigencia hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y analice el pedido cautelar presentado por la organización. Es decir, la Corte todavía no resolvió la cuestión de fondo vinculada con la validez de la derogación.

La postura de Grasso sobre la extranjerización de tierras

El pronunciamiento del intendente se inscribe en una serie de manifestaciones públicas contra la extranjerización de tierras y la transferencia de recursos estratégicos a capitales extranjeros. Grasso había expresado su preocupación por las posibles consecuencias para Santa Cruz y la Patagonia.

En intervenciones anteriores, el jefe comunal había planteado la necesidad de preservar los glaciares, lagos, la cordillera y los recursos naturales como parte del patrimonio de las futuras generaciones, al tiempo que cuestionó las políticas que, a su entender, favorecen la concentración de tierras en manos extranjeras.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, incluyendo restricciones sobre la superficie que puede quedar bajo ese dominio.

Con la medida conocida este viernes, el máximo tribunal dispuso la suspensión provisoria de la derogación mientras continúa el tratamiento judicial del reclamo. En ese contexto, Grasso ratificó su postura en defensa de la soberanía territorial y de los intereses de Santa Cruz.