Guaraz cambió de abogados a último momento y su juicio por abuso de autoridad quedó para octubre

El exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, iba a sentarse este jueves en el banquillo del Juzgado Correccional N° 1, pero el arranque del debate no se concretó. La razón: el exjefe comunal designó nuevos abogados defensores y el inicio del juicio se reprogramó para el 22 de octubre.

Los flamantes letrados son Jorge Bracamonte (H) y Gabriel Quiroga Barros, quienes reemplazan a Luciano Rojas. Ese margen de tiempo les permitirá interiorizarse del expediente y de las pruebas que se ventilarán durante el juicio.

Guaraz está imputado por el delito de abuso de autoridad en calidad de autor, encuadrado en los artículos 248 y 45 del Código Penal. Según la acusación fiscal, el exintendente usó sus atribuciones para dictar resoluciones contrarias a las leyes provinciales y a la normativa municipal vigente.

El origen de la causa

La investigación se remonta a mayo de 2021 en Bañado de Ovanta. El expediente sostiene que Guaraz, en su rol de intendente, firmó el Decreto Municipal Nº 23/2021 para disponer el cierre preventivo del hospedaje y playa de estacionamiento "San Antonio", administrado por Shirli Claribel Cordero.

De acuerdo con la instrucción, el exjefe comunal bloqueó las vías administrativas locales para que la dueña no pudiera pagar las tasas que adeudaba. El objetivo, según la Fiscalía, era forzar la irregularidad del comercio y así justificar la clausura.

El mecanismo fue impedir intencionalmente que la propietaria cancelara sus obligaciones tributarias en las dependencias municipales. Una vez cerrados esos canales ordinarios, el Ejecutivo local emitió la norma que ordenó la clausura total y preventiva del local.

La Fiscalía determinó que el uso del poder comunal buscó castigar a la dueña del local tras sus reiteradas negativas a los acercamientos personales y propuestas de índole sexual del exmandatario.

En octubre de 2021, la Corte de Justicia de Catamarca intervino y dejó sin efecto el decreto de clausura por unanimidad, lo que permitió la reapertura del inmueble al evidenciar la ilegalidad de la medida ejecutiva.

La condena que ya pesa sobre Guaraz

Guaraz llega a este nuevo juicio en condición de encierro. En septiembre de 2024, un tribunal colegiado lo condenó a nueve años de cárcel tras hallarlo culpable de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada por un hecho ocurrido en 2019 contra una menor.

En febrero de 2026, la Sala Penal de la Corte provincial rechazó los planteos de la defensa, dejó firme el fallo y ordenó su inmediato traslado al penal de Miraflores.