Guaraz debía sentarse en el banquillo este jueves, pero su nuevo abogado cambió los planes

El exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. El juicio oral por presunto abuso de autoridad quedó reprogramado para el 22 de octubre, después de que el exjefe comunal cambiara de abogado defensor a último momento.

El debate debía arrancar este jueves en el Juzgado Correccional N.º 1, pero la modificación se resolvió sobre la hora. La defensa nueva pidió tiempo para interiorizarse en la causa y el tribunal aceptó el pedido.

Quién juzga y quién acusa

El proceso estará a cargo del juez Marcelo Forner. La acusación, en tanto, será sostenida por la fiscal correccional Cynthia Romero.

Guaraz deberá responder como presunto autor del delito de abuso de autoridad por una medida que adoptó durante su gestión al frente del municipio y que terminó con la clausura de un establecimiento comercial en Bañado de Ovanta.

Cabe recordar que el exjefe comunal cumple actualmente una condena firme de nueve años de prisión por delitos contra la integridad sexual. Por esas causas permanece alojado en el penal de Miraflores.

El origen de la denuncia

La causa llega al debate oral después de un trámite procesal prolongado. En ese recorrido, la denunciante, Shirli Claribel Cordero, expuso el mecanismo de persecución y amedrentamiento que, según su testimonio, desplegaba el entonces mandatario comunal contra las mujeres del departamento.

De acuerdo con la acusación formal del Ministerio Público Fiscal, el episodio que se ventilará en el juicio ocurrió el 6 de mayo de 2021. En su carácter de intendente de Santa Rosa, Guaraz firmó el Decreto Municipal N.º 23/2021, que dispuso la clausura total y preventiva del bar-hospedaje “San Antonio”, ubicado en Bañado de Ovanta y explotado comercialmente por Cordero.

La requisitoria fiscal sostiene que el exintendente impidió de manera intencional y anticipada que la comerciante pudiera abonar los importes que adeudaba en tasas municipales, ya que le bloqueó los canales administrativos de regularización.

Según la investigación, esa arbitrariedad estuvo motivada por las reiteradas negativas de Cordero frente a las pretensiones de índole amorosa y las insinuaciones sexuales que le formulaba el jefe comunal.