Guaraz escuchó el pedido de la querella y sus abogados no lo dejaron pasar

El juez Diego Roberto Chaile Costilla, a cargo del Juzgado Correccional N° 1 en subrogancia, dará a conocer este martes el veredicto del juicio seguido contra el exintendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, acusado por abuso de autoridad. La audiencia de alegatos se realizó el viernes y dejó posiciones frontalmente enfrentadas entre las partes.

El Ministerio Público Fiscal reclamó una pena de 20 meses de prisión. La abogada querellante Natalia Páez Vaca, en tanto, fue mucho más lejos: solicitó 4 años de cárcel por abuso sexual y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La defensa pidió la absolución

Los letrados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, defensores de Guaraz, reclamaron que el exjefe comunal sea absuelto por falta de pruebas. Ambos sostuvieron que una parte de la evidencia valorada en el debate fue "manipulada" y que esa circunstancia afectó los derechos del imputado.

Los abogados negaron de manera categórica que haya existido el presunto acoso sexual que se le atribuye en perjuicio de la comerciante denunciante, Shirli Cordero. La querella, que también actúa como actora civil, fue blanco de duras críticas por parte de la defensa.

Las capturas bajo la lupa

Uno de los ejes del cuestionamiento fue la investigación de la Fiscalía. Según los defensores, varias capturas de pantalla incorporadas al expediente estaban "parcializadas". Aseguraron que el MPF pasó por alto que entre los chats vistos en sede fiscal y las capturas presentadas había mensajes que habrían sido borrados.

En concreto, mencionaron dos capturas de una misma conversación tomadas con apenas un minuto de diferencia: en la segunda habrían desaparecido dos mensajes, pero sin la leyenda que el sistema suele dejar cuando se elimina un contenido. Para la defensa, nunca se pudo acreditar quién escribió esos textos y tampoco se hizo la verificación técnica que, según afirmaron, el propio fiscal había considerado necesaria.

Sumaron otra objeción: la denuncia habría omitido una intimación de pago de abril de 2021 y un decreto previo, datos que, a su criterio, son clave para entender cómo se originó el conflicto.

"Nadie puede defenderse de una acusación que nunca le formularon"

Respecto del intento de la querella de cambiar la calificación legal, Bracamonte (h) y Quiroga Barros fueron tajantes: “es como llegar a juicio acusado de abuso de autoridad y que se pretenda una condena por homicidio. Nadie puede defenderse de una acusación que nunca le formularon”.

La defensa también apuntó al modo en que se llevó adelante la pesquisa. Sostuvo que los testimonios, la visualización del teléfono celular y la pericia informática se hicieron sin participación de Guaraz, quien ni siquiera pudo proponer un perito de parte.

Remarcaron que el Ministerio Público Fiscal no tomó declaraciones a trabajadores municipales que podrían haber ampliado la información sobre el procedimiento administrativo que terminó en la clausura. Tampoco, según los letrados, se profundizó en el conflicto comercial ligado al alojamiento durante el Rally, un punto que había mencionado la propia madre de la denunciante.

El último cuestionamiento apuntó a la cadena de custodia del teléfono usado como prueba. El resumen de la defensa fue contundente: “No fue una investigación: fue la confirmación de una denuncia”.