Guaraz vuelve a sentarse en el banquillo: qué hizo con una dueña de hospedaje antes de la clausura

El exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, afrontará desde este jueves un nuevo juicio oral y público. En esta oportunidad, el Juzgado Correccional N.º 1 lo juzgará por el presunto delito de “abuso de autoridad en calidad de autor”, según lo estipulado en los artículos 248 y 45 del Código Penal.

El debate tenía que arrancar la semana pasada, pero un cambio en la defensa obligó a mover el calendario. Guaraz dejó de lado al letrado Luciano Rojas y ahora será representado por Jorge Bracamonte (H) y Gabriel Quiroga Barros. El tribunal les concedió un plazo para que se interioricen en el expediente y en las pruebas que se exhibirán durante la audiencia.

El origen de la causa: un decreto y un hospedaje clausurado

La investigación se remonta a mayo de 2021, en la localidad de Bañado de Ovanta. Por entonces, Guaraz ocupaba la intendencia y firmó el Decreto Municipal Nº 23/2021, con el que dispuso el cierre preventivo del hospedaje y playa de estacionamiento «San Antonio», administrado por Shirli Claribel Cordero.

Para la Fiscalía, el exjefe comunal no actuó dentro de sus facultades: usó atribuciones propias de su cargo ejecutivo para dictar resoluciones que contradecían las leyes provinciales y la normativa municipal vigente.

El expediente describe un mecanismo puntual. Según la instrucción, Guaraz impidió que la dueña del establecimiento pudiera cancelar las tasas tributarias que adeudaba, al bloquear las vías administrativas locales. La maniobra, sostiene la causa, tenía un objetivo claro: forzar la irregularidad del comercio y dejar el camino allanado para la clausura.

Con los canales ordinarios de regularización cerrados, el Ejecutivo local emitió la norma que ordenó la clausura total y preventiva del local comercial.

La hipótesis que complica al exintendente

La Fiscalía va más allá de la maniobra administrativa y sostiene que Guaraz utilizó el poder comunal para castigar a la propietaria del hospedaje. De acuerdo con la imputación, el exintendente actuó tras las reiteradas negativas de la mujer a sus acercamientos personales y a propuestas de índole sexual.

El decreto de clausura no prosperó. En octubre de 2021, la Corte de Justicia de Catamarca intervino y lo dejó sin efecto por unanimidad. El máximo tribunal provincial evidenció la ilegalidad de la medida ejecutiva y habilitó la reapertura del inmueble.

Una condena firme que ya está cumpliendo

Guaraz no llega a este juicio en libertad. Actualmente purga condena en el penal de Miraflores, tras la sentencia dictada en septiembre de 2024 por un tribunal colegiado.

Aquel fallo lo halló culpable de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada, por un hecho ocurrido en 2019 contra una menor, y le impuso una pena de nueve años de cárcel.

En febrero de 2026, la Sala Penal de la Corte provincial rechazó los planteos de la defensa, dejó firme la condena y ordenó su traslado inmediato al establecimiento penitenciario.