Guerra comercial en Santa Cruz: las cámaras apuntan contra la empresa estatal Santa Cruz Puede

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC), la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG) y la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines de Río Gallegos lanzaron este jueves un duro pronunciamiento conjunto contra Santa Cruz Puede S.A.U., la empresa estatal a la que acusan de usar recursos públicos para pisar a los privados.

Las entidades vienen reclamando desde hace meses, pero aseguran que el gobierno no les dio respuestas. El primer antecedente data del 18 de junio de 2026, cuando la FESC le presentó al gobernador Claudio Vidal una denuncia por la venta de mercadería sin factura ni ticket fiscal en el Mercado Concentrador Patagónico.

También recordaron los planteos públicos de Ricardo López, presidente de la asociación gastronómica, tras la apertura del bodegón estatal “Alma”, en el acceso al Polo Industrial y Comercial de Santa Cruz Puede.

¿Qué denuncian las cámaras?

El principal cuestionamiento apunta al rol actual de la sociedad estatal. Originalmente, Santa Cruz Puede fue presentada como una herramienta para complementar al sector privado en áreas donde no hubiera oferta suficiente. Pero hoy, sostienen, compite directamente con emprendimientos que ya existen.

En el Mercado Concentrador Patagónico, por ejemplo, dicen que la mayoría de los puesteros se fue y que ahora se venden frutas y verduras traídas de otras provincias, cuando se suponía que iba a fortalecer la producción regional.

Además, insisten en que hay operaciones sin comprobante fiscal, algo que viola la normativa de AFIP y de la provincia.

El caso del bodegón “Alma”

Otro foco de conflicto es el bodegón estatal “Alma”. Según las cámaras, se anunció como parte del polo industrial y luego se dijo que atendería a camioneros. Pero esa demanda ya está cubierta por food trucks, restaurantes privados, un hotel con servicio de comidas y estaciones de servicio de la zona.

“La participación directa del Estado en ese mercado genera una situación desigual”, señalaron, porque los privados tienen que pagar sueldos, impuestos, habilitaciones y cánones.

Exigen transparencia total

Las entidades piden que el gobierno informe cuánto cuesta mantener Santa Cruz Puede, qué resultados dio y qué objetivos cumplió. También quieren que toda su operatoria pase por el control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Diputados provincial.

Otro punto es la participación de la empresa como proveedora del propio Estado provincial. Las cámaras reclaman que se revise su rol en licitaciones y contrataciones, y recuerdan los cuestionamientos en la Legislatura por la estación de servicio de La Esperanza.

Los cuatro reclamos al Ejecutivo

En concreto, le pidieron al gobierno provincial: 1) controles fiscales y facturación en el Mercado Concentrador; 2) información sobre resultados, costos y planificación; 3) someter toda la operatoria a rendición de cuentas; y 4) revisar su participación en compras estatales.

El comunicado llega en un momento crítico para el comercio santacruceño, con la Emergencia Comercial aún vigente. Las organizaciones dejaron en claro que no descartan iniciar acciones administrativas o legales por estos hechos.