Guerra sin tregua: el taxi platense acorrala a las apps y exige al Concejo que actúe

La pulseada entre el taxi tradicional y las plataformas digitales en La Plata escaló a un nuevo nivel. Entidades del sector presentaron una denuncia formal ante el Concejo Deliberante para que se expida sobre la legalidad de servicios como Uber y DiDi, al tiempo que reclaman más controles callejeros y multas contundentes.

El Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), liderado por Raúl Caballero, fue el encargado de acercar la nota al presidente del cuerpo legislativo, Marcelo Galland. En el escrito, la entidad dejó en claro que para ellos la situación no admite discusión: el servicio que ofrecen las aplicaciones carece de cualquier tipo de respaldo normativo en el partido.

¿Qué argumentan desde CATA?

“Para nuestra Entidad la posición es sumamente clara y podemos enumerar que no existe un marco legal, no hay regulaciones vigentes o sea que no hay Ordenanza por lo tanto no pueden ajustarse a alguna Ordenanza como lo hace nuestro sector, operan en la ilegalidad absoluta y clandestina”, sostienen desde la organización.

Por eso, en la presentación que constituye una “denuncia administrativa” contra las firmas extranjeras, exigen que se refuercen las inspecciones y se pongan en marcha “operativos de saturación” en la vía pública. La idea es que se apliquen “severas multas” y se incauten los vehículos que presten servicio sin autorización.

Competencia desleal y números que preocupan

Otro de los ejes del reclamo es la asimetría de condiciones entre ambos sectores. Desde CATA remarcan que los autos de las apps “no pagan cargas impositivas, no tienen carnet profesional, no pagan tasas municipales, VTV, entre otras cosas”. En ese marco, aseguran que “no cabe duda que esto ejerce una competencia desleal”.

El telón de fondo es un panorama económico complicado para los taxistas platenses. Según datos de la propia entidad, de los 2.131 discos de taxis habilitados en La Plata, apenas unos 1.500 están en actividad. La caída responde al aumento en los costos de mantenimiento, los insumos y la merma constante en la cantidad de viajes.

Mientras tanto, los conductores de aplicaciones nucleados en otra organización también salieron a la calle en los últimos días, pero con un pedido inverso: quieren que el servicio sea legal y que terminen los secuestros y las multas.

El cruce con un concejal

La ofensiva gremial no se quedó solo en el plano administrativo. CATA, la Unión de Propietarios de Autos Taxi (UPAT) y otras agrupaciones presentaron dos notas para repudiar declaraciones del edil Juan Pablo Allan. Piden que sea declarado “persona no grata para el sector” y que lo aparten de la Comisión de Transporte.

Según los taxistas, los dichos del concejal habrían ido en contra de los procedimientos municipales de secuestro de vehículos vinculados a las aplicaciones. Las entidades consideran que esas expresiones “atentan y ofenden en su máxima expresión a la dignidad de nuestro trabajo”.