Hay plata para las inundaciones, pero está quieta en un cajón del Tesoro

El país se prepara para un ciclo de lluvias intensas por “El Niño” que podría estirarse hasta comienzos de 2027, pero lo hace con las obras hídricas frenadas y los fondos creados para prevenirlas ejecutados apenas en una fracción de lo recaudado. El dinero existe: el problema es que no se convirtió en desagües, defensas ni canales.

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, nacido por ley en 2001 para financiar la prevención de inundaciones, ejecutó solo el 25,7% de sus ingresos en 2024 y el 19,7% en 2025. Es el nivel más bajo desde 2015, según un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI).

El fondo recauda, pero no gasta

La caída no se explica por falta de plata. En términos reales, la recaudación tocó su piso en 2023, con $99.204 millones, y se recuperó en los dos años siguientes: en 2025 llegó a $208.366 millones, el doble que en 2023, aunque todavía por debajo de los niveles de 2017-2021.

Lo que se derrumbó fue el gasto. Pasó de $596.250 millones en 2023 a $41.401 millones en 2024 y $52.594 millones en 2025. La caída supera el 90% en términos reales: en los últimos años se ejecutó menos de una décima parte del nivel previo al inicio del Gobierno de Javier Milei.

Entre 2017 y 2023 el Fondo había alternado entre una subejecución moderada, durante la gestión de Cambiemos, y años en los que el gasto incluso superó los recursos. A partir de 2024 ese patrón se revirtió de forma abrupta.

Mientras tanto, parte del capital no está en obras sino en instrumentos financieros. Según el Informe N° 145 de la Jefatura de Gabinete enviado a la Cámara de Diputados, al 6 de abril de 2026 el Fondo tenía $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en LECAP con distintos vencimientos.

Esa colocación no financia el déficit de manera directa, pero le permite al Tesoro afrontar vencimientos de deuda o acumular reservas, aprovechando el resultado fiscal positivo que genera cobrar el impuesto sin ejecutar el gasto asociado.

“Colocar transitoriamente los excedentes de un fondo no es, en sí mismo, un problema. Es una práctica habitual en la administración de recursos públicos. El problema es hacerlo cuando las obras para las que ese fondo fue creado siguen sin realizarse, porque en ese caso no se trata de recursos que sobran, sino de recursos que la ley destinó a obras que todavía no existen o se encuentran a mitad de su ejecución”, plantearon los investigadores.

Y agregaron: “El Estado decidió priorizar la administración financiera de corto plazo por sobre la continuidad de obras preventivas”. Para los especialistas, eso “interpela la legitimidad misma del uso de fondos que la ley reservó para proteger a la población, y que el Estado, en cambio, redirige a sostener su propia posición financiera”.

Agua, cloacas y vivienda: las otras partidas en caída

El panorama de las partidas nacionales no es distinto, en un contexto de dos prórrogas presupuestarias consecutivas (2024 y 2025). La función Agua Potable y Alcantarillado pasó de $2.550.000 millones devengados en 2023 a $640.000 millones en 2024 y $220.000 millones en 2025, en pesos constantes de 2026. La caída real ronda el 91% en dos años.

Para 2026 el Congreso aprobó un crédito de $310.000 millones que durante el año se redujo a $240.000 millones. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $180.000 millones, una baja real del 93% respecto de lo devengado en 2023, según el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).

Vivienda y Urbanismo muestra una contracción todavía más profunda: de $2.020.000 millones devengados en 2023 a $20.000 millones en el proyecto 2027, una caída real del 99%. Así, mientras el Fondo Hídrico retiene recursos que la ley afecta a obras de protección, las partidas ordinarias tampoco compensan esa ausencia.

Los organismos que anticipan el fenómeno, debilitados

A la desinversión en obras se suma el desmantelamiento de los instrumentos de gestión del riesgo. En 2024 se disolvió formalmente el Fondo Nacional de Emergencias (FONAE) mediante el Decreto 888/2024. El Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (FONGIR), creado para financiar la prevención de desastres y los mapas de riesgo locales, está en parálisis operativa.

Los organismos que deben anticipar el fenómeno también perdieron capacidad. El Instituto Nacional del Agua (INA) perdió autonomía y personal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sufrió 140 despidos en abril de 2026 y depende de infraestructura con bajo mantenimiento. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) tiene un presupuesto un 25% menor que en 2025 en términos reales.

Seis de cada diez barrios populares, en zona de riesgo

El impacto social es contundente. Un informe del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) alertó que 4.041 de los 6.467 barrios populares inscriptos en el RENABAP están expuestos al riesgo hídrico. De ellos, 2.954 ya se inundan con lluvias regulares y otros 1.087 están emplazados a la vera de cursos o cuerpos de agua que podrían desbordar ante lluvias de esta magnitud. En esos barrios viven unos 4,2 millones de personas, de las cuales 1,9 millones son niñas, niños y adolescentes.

No se trata de zonas de riesgo por elección, sino de la deuda pendiente en acceso a la tierra y la vivienda. El 92% de los hogares no tiene acceso formal al agua, el 97% carece de conexión a cloacas, el 99% no tiene gas natural de red y el 66% no cuenta con conexión formal a la red eléctrica. Además, el 71% no tiene calles asfaltadas y el 57% no tiene veredas.

“En un barrio con infraestructura, la lluvia escurre por calles pavimentadas, cunetas, bocas de tormenta y desagües. En un barrio popular, la falta de red pluvial, de cloacas y de pavimento provoca anegamientos y desbordes de pozos ciegos, y las conexiones eléctricas precarias generan riesgo de electrocución”, alertaron desde la FDHI.

Las viviendas tampoco resisten: el 60% presenta materialidad deficitaria en techos, paredes o pisos y el 10,6% se considera irrecuperable.

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financia obras de infraestructura en los barrios del RENABAP, fue paralizado. Según información oficial, acumula $257.489 millones colocados en instrumentos del Tesoro mientras 636 obras permanecen completamente frenadas. “También en este caso, un fondo con afectación específica retiene recursos en instrumentos financieros mientras se interrumpen obras que reducirían la exposición de los barrios más vulnerables frente a las lluvias”, advirtió el documento al que accedió este medio.

Con ese cuadro, “El Niño” encontró al país en medio de un retroceso histórico de la obra pública en general y de la gestión hídrica en particular. La presión se traslada a provincias y municipios, que deben atender la emergencia inmediata sin una política nacional de prevención y planificación acorde.