Histórico fallo en Salta: presos podrán estudiar en la universidad sin trabas

La Justicia de Salta homologó un acuerdo inédito que garantiza el derecho a la educación superior de los internos. El protocolo aprobado prohíbe cualquier trato denigrante y crea una comisión con participación de los propios detenidos.

La resolución fue dictada por la jueza de Minas María Victoria Mosmann, en el marco de un hábeas corpus colectivo presentado por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. La demanda denunciaba que los presos sufrían restricciones sistemáticas para acceder a la universidad: problemas de traslados, dificultades para llegar a las aulas y otras limitaciones durante el cumplimiento de la pena.

¿Cómo se gestó el acuerdo?

Tras la apertura del proceso, se realizaron audiencias e inspecciones en las unidades carcelarias con participación directa de los internos. Intervinieron también la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Servicio Penitenciario, el Comité Provincial contra la Tortura y la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

El diálogo entre las partes derivó en el “Protocolo para la Educación Superior de las Personas Privadas de Libertad”, que ahora tiene fuerza obligatoria en todo el sistema penitenciario provincial.

¿Qué establece el protocolo?

El documento fija las reglas para organizar, supervisar y controlar las actividades universitarias dentro y fuera de las cárceles, buscando compatibilizar el derecho a la educación con las necesidades de seguridad. Entre sus principios rectores, reconoce la educación como herramienta de reinserción social, promueve la igualdad y prohíbe expresamente “todo trato denigrante”.

Uno de los cambios más relevantes es la creación de una Comisión de Seguimiento Universitario, integrada por autoridades penitenciarias, representantes de las universidades, del Comité contra la Tortura y, por primera vez, por dos estudiantes privados de libertad: uno de varones y otro de mujeres, elegidos por sus pares.