Jueces y fiscales en pie de guerra: una resolución judicial que podría cambiar las reglas del juego en Santa Fe

La advertencia de un fiscal de alto rango encendió todas las alarmas. Matías Merlo, jefe de fiscales de Rosario, afirmó que ciertas decisiones judiciales podrían derivar en “más homicidios”. La respuesta de los camaristas no se hizo esperar y fue contundente, acusándolo de un “intento de coacción institucional”. Este nuevo capítulo de tensión expone una grieta profunda en el sistema de justicia santafesino.

El epicentro del conflicto es una resolución firmada el viernes pasado por la camarista Gabriela Sansó. Tras confirmar las prisiones preventivas de la mayoría de los imputados en una extensa causa por narcomenudeo vinculada a la banda de Jonatan “Jano” Fernández, Sansó declaró la incompetencia de la Justicia provincial y giró el legajo a la Justicia federal.

La investigación, a cargo de los fiscales Brenda Debiasi y Pablo Socca, involucra a una organización que se disputaba la venta de droga en Villa Gobernador Gálvez y que había sido allanada en septiembre del año pasado. Tres acusados, Agustín García, Luis Flores y Mirco Gruning, quedaron en libertad tras la apelación.

¿Una advertencia o una coacción?

Consultado este martes, el fiscal Matías Merlo fue directo. “Nos preocupa esta situación. Si nos quitan la competencia vamos a tener un Estado bobo y eso va a impactar directamente en la seguridad pública con más homicidios, más balaceras y más heridos de arma de fuego”, declaró en Cadena3. Y lanzó un dardo: “Quienes dicten esas resoluciones deberán hacerse cargo de las consecuencias“.

Horas después, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario respondió con un comunicado oficial. Los camaristas calificaron las palabras de Merlo como “temerarias y carentes de rigor jurídico”, constituyendo un “intento de coacción institucional”.

El texto es duro: “Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras”. Además, recordaron que los propios jueces han sido víctimas de atentados por investigar a organizaciones narcocriminales.

Los números de la discordia

En su defensa, la Cámara aportó datos concretos para rebatir la idea de una remisión masiva de causas. Según el comunicado, entre 2024 y lo que va de 2026, recibieron 358 recursos relacionados con microtráfico y “solo siete de ellos fueron remitidos a la Justicia federal“.

La conclusión del órgano judicial no deja lugar a dudas: “Calificamos estas declaraciones como un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía, claramente lesivo de la independencia judicial”.

Este no es el primer roce público entre poderes en la provincia. A fines de febrero, la fiscal general María Cecilia Vranicich ya había elevado una queja formal a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por la exclusión del Ministerio Público de la Acusación en el diseño del nuevo Centro de Justicia Penal de la capital.

La pulseada por la competencia en causas de narcotráfico, un tema sensible en una región marcada por la violencia, deja al descubierto una fractura operativa cuyas repercusiones podrían extenderse más allá de los escritorios judiciales.