Ianni liquidó el decreto de Vidal por las tierras frente al glaciar: "Le faltan hojas"

La diputada nacional Ana María Ianni apuntó contra el gobernador Claudio Vidal por el decreto que habilita una operación inmobiliaria en la Península de Magallanes y advirtió que el expediente enviado a la Legislatura está incompleto. Lo dijo en Radio Nuevo Día FM 100.9, donde calificó la medida como "un decreto ilegal".

La entrevista se dio en el programa "Arriba el Día". Allí la legisladora sostuvo que la decisión del Ejecutivo desconoce las normas que protegen el área y remarcó que una excepción de ese tipo debía pasar por la Legislatura provincial.

"Realmente un decreto ilegal que no corresponde, que desconoce las leyes provinciales, que desconoce el plan de manejo", disparó sobre el Decreto 915/2026.

Su embate tuvo dos frentes: el procedimiento que eligió el Gobierno y el impacto que, según su lectura, tendría el desembarco de nuevos servicios turísticos en ese sector sobre las empresas que hoy operan desde El Calafate.

"Son los privados los primeros perjudicados de esta decisión del gobernador", afirmó.

"Esto es competencia de la Legislatura provincial"

El eje del planteo de Ianni pasó por las atribuciones del Ejecutivo para fijar una excepción sobre un territorio protegido. Explicó que el plan de manejo define qué actividades pueden desarrollarse en la Península de Magallanes y remarcó que Vidal debía someter la decisión al análisis de los diputados.

"Esto es competencia de la Legislatura provincial", subrayó.

Según su interpretación, el Ejecutivo avasalló la función legislativa al avanzar por decreto. En ese marco destacó que legisladores de distintos bloques, incluidos representantes del oficialismo, habrían coincidido en reclamar la documentación que respalda la medida.

La norma cuestionada se firmó el 1 de septiembre y se publicó el 22 de septiembre. Exceptúa una restricción del Decreto 994/2017 para habilitar una operación entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate SAU, ligada al proyecto "Master Plan Ecocentro".

El texto oficial aclara que la excepción alcanza solo a esa operación y que no podrá tomarse como precedente para otras solicitudes. También indica que la ejecución del proyecto debe cumplir la normativa ambiental, territorial y de conservación, además de las restricciones y medidas que dispongan las autoridades competentes.

Sobre la validez de esa excepción giró, justamente, el cuestionamiento político y jurídico de la diputada.

El decreto corregido y las parcelas que cambiaron

Ianni también puso la lupa sobre el expediente que llegó a la Cámara de Diputados. Reconoció que la documentación arribó dentro del plazo requerido, pero sostuvo que tiene faltantes.

"Está foliado con casi 500 hojas, pero le faltan hojas", aseguró.

Además, señaló que entre las actuaciones aparece una rectificación del decreto original y cuestionó la identificación catastral que se usó en un principio. Atribuyó esa situación al apuro del gobernador por avanzar con la medida.

La modificación está documentada en el Boletín Oficial. El Decreto 1019/2026, firmado el 25 de septiembre y publicado el 8 de octubre, reemplazó la referencia original a la "Parcela Fracción G, Matrícula 186" por dos parcelas con identificaciones y superficies específicas.

La rectificación individualizó la parcela G2, de 11 hectáreas, 71 áreas y 9 centiáreas, y la G3, de 9 hectáreas, 28 áreas y 81 centiáreas. Entre ambas suman aproximadamente 21 hectáreas.

Esa corrección confirma que el Gobierno modificó la identificación de los inmuebles alcanzados. La afirmación sobre las hojas faltantes en el expediente, en cambio, corresponde al señalamiento que hizo Ianni durante la entrevista.

La advertencia sobre los negocios de El Calafate

Para la legisladora, el conflicto también toca el funcionamiento de la economía turística local. Argumentó que El Calafate concentra los servicios que usan los visitantes para llegar al Parque Nacional Los Glaciares y a otros atractivos de la región.

Desde esa perspectiva, cuestionó que una excepción permita desarrollar servicios en la península mientras los prestadores radicados en la ciudad trabajan bajo las reglas vigentes.

"Está yendo en contra también de aquellos que tienen sus servicios turísticos y los prestan desde la ciudad de El Calafate", sostuvo.

Su advertencia apuntó a los intereses de los establecimientos hoteleros, las agencias y otros negocios vinculados al turismo. Ianni presentó las expresiones de las cámaras y asociaciones locales como la reacción de los sectores que, según su evaluación, serían los primeros afectados por la decisión.

Respaldo a Belloni y apuesta a la Justicia

Consultada por la ausencia de declaraciones públicas del intendente Javier Belloni, la diputada aseguró que el jefe comunal participa de las acciones vinculadas al conflicto.

"El intendente Belloni se puso al hombro esto desde el primer momento, que no haga declaraciones públicas no quiere decir que no esté trabajando en conjunto", afirmó.

Explicó que esa articulación involucra al Ente Mixto de Promoción Turística, donde participan representantes municipales y entidades del sector privado. Según Ianni, Belloni interviene en la coordinación, aunque las manifestaciones públicas hayan sido encabezadas por otros actores.

La diputada también indicó que trabaja con los legisladores provinciales de Unión por la Patria. Mencionó una iniciativa de Carlos Alegría para derogar el Decreto 915 y respaldó la presentación judicial que busca detener la operación mediante una medida cautelar.

Se trata de un pedido ante la Justicia, cuya presentación no equivale al otorgamiento de la suspensión solicitada.

Para Ianni, el envío del expediente no cerró la discusión: reclamó su tratamiento legislativo y la citación formal del presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para que explique el procedimiento. Su planteo dejó abierta una disputa por la legalidad de la excepción, el control parlamentario y las consecuencias del proyecto para el turismo de El Calafate.