Iguazú: la Justicia vuelve a apuntar a un clan señalado como financista de Hezbollah

El nombre de Alí Hassan Barakat regresó al centro de la escena judicial. El Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Cardozo, prorrogó por un año la inhibición de bienes y activos del propio Barakat y de otros ciudadanos de origen sirio libanés señalados como vinculados al grupo Hezbollah.

La medida alcanza a 14 personas de origen libanés. En la resolución se indica que los involucrados "están vinculados al Hezbollah o Partido de Dios también conocido como Jihad Islámica".

El pedido de congelamiento de bienes y activos lo había elevado la Unidad de Información Financiera (UIF), que lo fundamentó "en la subsistencia de las circunstancias que dieron su origen a las medidas y que aún resta la realización de tareas investigativas oportunamente ordenadas".

El casino en el centro de la investigación

Entre los fundamentos que se conocieron, el juzgado destacó que "los antecedentes reunidos durante la investigación revelan un volumen significativo y reiteradas operaciones económicas y financieras en el Casino Iguazú Gran Resort de HCI SA con intervención de las personas investigadas y características que motivaron la emisión de distintos reportes de operaciones sospechosas".

Según el Juzgado Federal de Iguazú, "entre los años 2013 y 2015 se registró el 80,9% de los movimientos considerados de los investigados, correspondiendo el 92,8% de ellos al denominado Clan Barakat, quienes durante aquel período adquirieron fichas por 12.332.702,61 dólares".

Ya en julio de 2018, un informe de la UIF había determinado que 14 personas, entre ellas Barakat, sin actividad económica declarada en la Argentina, cobraron u$s10 millones -o $102.812.668- en fichas en un casino local en los seis años anteriores.

Cómo funcionaba la maniobra

El esquema, según la investigación, consistía en cruzar desde Ciudad del Este el Puente de la Amistad hacia Brasil y luego el Puente Tancredo Neves hacia la Argentina, hacer negocios en la casa de apuestas y volver a cruzar. Una y otra vez.

Después, el dinero se giraba a Medio Oriente, principalmente al Líbano, a través de Western Union.

Solo Alí Hassan Barakat cruzó la frontera 620 veces entre 2015 y 2017. En cada oportunidad no declaró, como exige la ley, el monto que llevaba. Y cada vez que quiso ingresar al VIP del casino, "depositó" u$s50.000 y reportó ganancias de $11.743.733 para el clan.

Su primo, Assad Ahmad Barakat, considerado el líder del clan, no solo envió dinero en los años 90 a la Organización del Mártir para ayudar a los huérfanos del grupo terrorista Hezbollah, sino que habría entrado en contacto, según había consignado el fiscal Alberto Nisman, con Salman Raouf Salman, uno de los ocho sospechados por el atentado a la Amia.

Quién es Assad Barakat, el jefe del clan

De acuerdo con las investigaciones, el clan Barakat está encabezado por Assad Ahmad Barakat, nacido en Líbano en 1967, considerado por Estados Unidos como un operador financiero clave y financista global del grupo terrorista Hezbollah.

Sus actividades ilícitas están vinculadas al financiamiento de esa organización desde la Triple Frontera, con contrabando, falsificación de documentos -como pasaportes paraguayos-, extorsión, tráfico de armas y drogas y lavado de dinero.

En cuanto al financiamiento de Hezbollah, se estima que el clan Barakat habría llegado a enviar decenas de millones de dólares a la organización en Medio Oriente. Se calculan unos 250.000 dólares mensuales, utilizando fachadas comerciales en Ciudad del Este, Paraguay, y casinos en Puerto Iguazú, donde se detectó el lavado de aproximadamente 10 millones de dólares.

Assad Barakat fue detenido en Foz de Iguazú (Brasil) en septiembre de 2018 y posteriormente extraditado a Paraguay en 2020 por casos de falsificación y evasión.

En su momento también fue investigado y sancionado por lavado de dinero -mediante negocios de fachada y operaciones millonarias en casinos-, contrabando, falsificación de documentos y financiamiento del terrorismo.

El 8 de abril de 2021 fue condenado en Paraguay a 2 años, 6 meses y 17 días de prisión mediante un procedimiento abreviado. Como ya tenía compurgada la pena por el tiempo que estuvo detenido previamente, se ordenó su libertad inmediata y su expulsión de Paraguay hacia Brasil a través del Puente de la Amistad.

Una historia ligada al delito

Los expedientes judiciales reconstruyen que Assad Ahmad Barakat es un ciudadano libanés nacionalizado paraguayo, identificado por agencias de inteligencia internacionales como el principal operador financiero y logístico de la organización terrorista Hezbollah en América Latina. Su base de operaciones se concentró históricamente en la región de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.

Nació el 25 de marzo de 1967 en Rohtlitine, Líbano. Huyó de la guerra civil libanesa a mediados de la década de 1980 y se asentó en Ciudad del Este, Paraguay. Junto a su familia construyó un emporio en locales comerciales -como en la Galería Pagé- dedicados a la importación y venta de artículos de electrónica e informática, que servían como fachada para recaudar fondos.

Se calcula que envió cerca de 50 millones de dólares a los líderes de Hezbollah en el Líbano. Por eso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como "Terrorista Global Especialmente Designado" en 2004.

Diversos informes de inteligencia lo vincularon además con el apoyo logístico en los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel (1992) y la mutual Amia (1994).

En 2002 fue detenido en Brasil tras fugarse de Paraguay. Luego fue extraditado a suelo paraguayo, donde cumplió una condena de 6 años de prisión por evasión de impuestos y robo de identidad.

En 2018, tras obtener de forma irregular un nuevo pasaporte paraguayo -pese a que su nacionalidad civil había sido revocada-, se emitió una orden de captura internacional en su contra. Fue arrestado por la Policía Federal de Brasil en Foz de Iguazú en septiembre de 2018. En julio de 2020, la Justicia brasileña completó su extradición a Paraguay, donde enfrentó cargos por falsificación de documentos públicos e ideológica, y quedó bajo estricta vigilancia por sus nexos con el crimen organizado transnacional.