Impulso al Ente Regulador: ¿Fin de los cortes de luz en Tierra del Fuego?
¿Cansado de los cortes de luz y las tarifas sin control? Un nuevo proyecto en Tierra del Fuego busca crear un ente regulador con poder para sancionar y resolver reclamos. Enterate cómo funcionará y quiénes lo integrarán.
Un nuevo intento por crear un organismo que controle los servicios públicos en Tierra del Fuego avanza en la Legislatura. El proyecto, que busca regular electricidad, agua y cloacas, llega después de los masivos cortes de luz que azotaron Ushuaia.
La iniciativa, presentada por el legislador Pablo Villegas, propone la creación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (EURE). Este ente tendría la misión de supervisar las prestaciones de energía eléctrica, agua potable y desagües cloacales en todo el territorio provincial.
El proyecto no es nuevo: ya se había intentado en 2018 y 2024, pero nunca llegó a tratarse en el recinto. Villegas decidió retomarlo ahora, vinculándolo directamente con los problemas que sufren los usuarios, especialmente los cortes de electricidad que se prolongaron durante el invierno en Ushuaia.
¿Qué podrá hacer el EURE?
El EURE se plantea como un organismo autárquico, con personalidad jurídica propia, autonomía financiera y patrimonio independiente. Sus funciones serían amplias: dictar normas regulatorias, fiscalizar a las empresas prestadoras, aplicar sanciones y resolver conflictos entre usuarios y compañías.
Entre sus atribuciones específicas se encuentran el control de los planes de inversión, expansión, operación y mantenimiento de los servicios. También supervisará la continuidad, seguridad y calidad de las prestaciones, y podrá intervenir en las revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios.
El ente tendrá la potestad de exigir información a las empresas, cooperativas y entidades públicas que presten los servicios. Además, deberá establecer indicadores de calidad y publicar tanto las tarifas como los planes de mejora.
Reclamos y sanciones: ¿cómo será el proceso?
En cuanto a los reclamos, los usuarios deberán primero acudir al prestador del servicio, quien tendrá un plazo de diez días hábiles administrativos para responder. Si no hay una solución satisfactoria, el caso podrá elevarse al EURE, que dispondrá de treinta días hábiles para dictar una resolución.
El régimen sancionatorio contempla apercibimientos, multas y decomisos. Estas medidas no eximirán a los prestadores de la obligación de reintegrar importes, compensar perjuicios, reparar daños o indemnizar a los usuarios cuando corresponda.
¿Quién estará al frente?
La conducción del ente estará a cargo de un Directorio integrado por tres miembros: uno propuesto por el Poder Ejecutivo, otro por la Legislatura y un representante elegido por los usuarios. Los tres deberán contar con la aprobación de la Cámara por mayoría absoluta.
Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un período adicional. Además, se establece una incompatibilidad de cinco años antes y después del ejercicio del cargo, para evitar conflictos de interés con los organismos o empresas controladas.
El EURE tendrá su sede en Ushuaia y podrá habilitar una delegación en Río Grande. Su financiamiento provendrá principalmente de partidas asignadas por el Presupuesto provincial.
Un detalle importante: el proyecto excluye del control del EURE todo lo relacionado con el servicio de gas por redes, dado que es una concesión del Gobierno Nacional.