Imputan a dos profesionales de la salud tras la muerte de una recién nacida en un hospital

La Justicia imputó a una obstetra y una enfermera por homicidio culposo tras la muerte de una beba en un hospital, en un caso que conmociona a la comunidad y podría ampliarse a más médicos. La investigación avanza con nuevas pericias para esclarecer las responsabilidades.

La Unidad Fiscal de Abuso Sexual y Violencia Institucional, a cargo del Dr. Mauricio Abramczuk, dispuso la imputación de dos profesionales del Hospital Zonal de Quimilí “Bernardo Houssay”. Se trata de la obstetra Silvana B. Sánchez y la enfermera Silvia Maldonado.

La medida se tomó tras reunir “elementos suficientes e indicios vehementes” que permiten sospechar su participación en los hechos investigados. Ambas fueron imputadas por el delito de homicidio culposo y serán citadas a prestar declaración indagatoria.

¿Qué desencadenó la investigación?

El caso se originó a partir de la denuncia presentada por el padre de la beba, Fabián Hipólito Mansilla. Él apuntó contra el accionar del personal de salud que intervino durante el trabajo de parto de su pareja, ocurrido en mayo de 2025.

Según su relato, la mujer ingresó al hospital con dolores y cursando un embarazo avanzado. Tras el nacimiento, la beba no lloró y debió ser sometida a maniobras de reanimación. Minutos después, los profesionales le informaron el fallecimiento.

¿Qué cuestionó el denunciante?

El denunciante cuestionó una serie de decisiones médicas previas y durante el parto, incluyendo traslados, demoras y presuntas fallas en la atención. Incluso señaló contradicciones en las explicaciones brindadas por el personal, lo que motivó el pedido de una autopsia para determinar con precisión las causas del deceso.

La imputación fue solicitada por la Dra. Ivana Sánchez, abogada querellante en el caso. Ella fue contundente al afirmar que, de haberse actuado con la diligencia correspondiente, “el desenlace fatal podría haberse evitado”.

¿Podrían imputarse más profesionales?

La abogada querellante solicitó que la investigación se amplíe y que también sean imputados otros profesionales que asistieron a la mujer durante el embarazo. En particular, apuntó contra los médicos Carlos Abel Zárate y Maximiliano Chávez.

Según sostuvo, estos médicos habrían detectado en controles y ecografías una amenaza de parto prematuro, pero no dispusieron la internación ni las medidas preventivas necesarias. Insistió en que se investigue su posible responsabilidad dentro de una cadena de decisiones que, a su entender, derivaron en la muerte de la recién nacida.

Mientras avanza la causa, se espera la realización de nuevas medidas probatorias y pericias médicas. Estas permitirán esclarecer lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los profesionales involucrados.