Imputan a una mujer por estafar a más de $2 millones prometiendo empleos y planes sociales

Una mujer fue imputada por presunta autoría de estafas reiteradas tras engañar a ocho personas simulando trabajar para un partido político provincial. Las víctimas, en situación de vulnerabilidad, transfirieron más de dos millones de pesos a cambio de promesas de puestos laborales, planes sociales y mercadería que nunca se concretaron.

Por pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, este miércoles 12 de noviembre se realizó una audiencia para formular cargos y requerir medidas de coerción contra la mujer sospechada de las estafas reiteradas.

La imputada, simulando trabajar para un partido político, les prometía puestos de trabajo, planes sociales, bolsones de mercadería, entre otros beneficios.

Su aprehensión se llevó a cabo el lunes pasado en la puerta de su casa, en calle Lizondo Borda al 900 (capital), cuando se generó allí un tumulto por parte de los denunciantes, quienes reclamaban que les devuelva el dinero.

La teoría del caso fue relatada en esta ocasión por la auxiliar de fiscal Emely Rafael, quien sostuvo que desde el 30 de agosto de este año, la acusada se contactó vía WhatsApp con ocho personas (cinco mujeres y tres hombres) aprovechándose de su vulnerabilidad y necesidades económicas.

Les ofreció un plan económico para comprar mercadería por $314.000, un inmueble para microemprendimientos, un bolsón de mercaderías, un puesto en una cooperativa laboral, y un nombramiento en el sistema educativo y en el SIPROSA.

Logró, con su accionar y bajo los engaños desplegados, que estas personas le transfirieran $272.500, $207.000, $211.000, $1.054.500, $108.500, $76.500 y $105.500, sin que la acusada cumpliera con las promesas realizadas, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a las víctimas.

Luego de exponer las evidencias reunidas hasta el momento, la representante del MPF solicitó que se dicten medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de seis meses.

“Tenemos conocimiento de más denuncias que se están iniciando, por lo que entiendo que el número de víctimas se va a ampliar en el transcurso de los días”, afirmó Rafael.

En ese sentido, la funcionaria judicial aclaró que “estas medidas son revisables por parte del Ministerio Fiscal, en el caso de que surgiesen riesgos procesales o una situación jurídica que se vea acrecentada y que modifique la plataforma fáctica hoy enrostrada a la imputada”.

Asimismo, precisó que “aún restan muchísimas medidas que estamos llevando a cabo para ahondar en la investigación”.

Al finalizar la audiencia, el juez resolvió hacer lugar a todo lo requerido por la Fiscalía.

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