Imputaron a cinco por el juego clandestino, pero un tribunal les dijo no a la Fiscalía

La causa que investiga la red de apuestas ilegales en Santa Fe sumó un nuevo capítulo este miércoles. La Justicia formalizó la imputación de cinco personas señaladas de integrar una presunta asociación ilícita, en un expediente que ya provocó la caída del jefe de los fiscales de Rosario y que tiene como presunto jefe de la banda a un senador provincial.

Sin embargo, en la misma audiencia, los jueces Eleonora Verón, Paula Álvarez y Alejandro Negroni rechazaron por unanimidad las medidas cautelares que había pedido el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través de los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro. El tribunal consideró que los elementos presentados no alcanzaban para justificar restricciones preventivas. La decisión no cierra la causa ni se pronuncia sobre la culpabilidad de los imputados: la investigación sigue su curso.

Los nombres que entraron en la mira

Los formalizados son el ex diputado provincial Darío Marcelo Scataglini; el abogado y ex funcionario de Villa Gobernador Gálvez José Francisco Fernández Chemes; el ex concejal Oscar Rubén “Popi” Larrauri; y los letrados Fernando Daniel Moschini y Aníbal Diego Porri. La Fiscalía les atribuye distintas intervenciones para facilitar el negocio, encubrir dividendos y sostener mecanismos de protección.

Según la hipótesis del MPA, la estructura funcionó entre abril de 2017 y septiembre de 2021 con roles políticos, comerciales y judiciales bien definidos. La acusación ubica al senador provincial Armando Traferri —ya imputado— como presunto conductor de la organización, y al empresario Leonardo Peiti, condenado a tres años de cárcel, como principal beneficiario del esquema.

El rol de cada uno según la Fiscalía

Para los investigadores, Scataglini operó como enlace político central entre Traferri y Peiti, gestionando que la firma Wildar Gaming obtuviera contrataciones vinculadas a terminales de lotería virtual. En ese marco, la acusación menciona una supuesta reunión del 11 de marzo de 2020 en una oficina senatorial de San Lorenzo, junto a Fernández Chemes, para coordinar acciones ante el Ministerio de Economía. Un mes después se habrían presentado formalmente ante la Lotería.

Los fiscales también cuestionan la transferencia de acciones de Wildar en septiembre de 2020 a favor de Fernández Chemes y Larrauri. La investigación la interpreta como un intento de ocultar a los verdaderos beneficiarios mediante prestanombres. A ambos se les atribuye además una visita al Centro de Justicia Penal tras la detención del ex comisario Alejandro Torrisi en junio de 2020, que derivó en contactos con el entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad —también condenado en este caso— para alertar a Peiti sobre los avances judiciales.

Porri, ex asesor de la Guardia Urbana Municipal, sumó una imputación por presunto cohecho activo: se lo acusa de haber entregado dinero a Ponce Asahad en julio de 2020 a cambio de impunidad para las salas clandestinas, y de haber instado a la destrucción de teléfonos celulares, siempre según la acusación.

Moschini, en tanto, es señalado como intermediario entre Peiti y Traferri, con participación en maniobras para frenar la declaración del empresario como arrepentido y la filtración de un borrador de acuerdo. También quedó imputado por su presunta participación en el desvío de un subsidio de la Asociación Civil Palabra Mayor —donde era tesorero— que habría beneficiado a Peiti, hecho en el que Traferri figura como presunto autor.

Un expediente que no deja de crecer

Esta instancia amplía el foco del expediente, que nació por las redes de apuestas y los nexos con la cúpula judicial —con Ponce Asahad, su jefe, el ex fiscal regional Patricio Serjal, y el empleado judicial Nelson Ugolini, estos dos últimos también condenados— hacia operadores políticos y comerciales.

Las evidencias presentadas por los fiscales, basadas en intervenciones telefónicas y mensajería, no alcanzaron para que el tribunal aplicara cautelares en esta etapa. Por eso, los cinco nuevos acusados transitarán el proceso en libertad.