Imputaron a cuatro por venta de drogas en Chos Malal y la fiscal no se quedó quieta con la libertad que firmó el juez

La fiscal del caso Natalia Rivera formuló cargos contra cuatro personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y reclamó que queden tras las rejas. El juez de garantías Eduardo Egea avaló las imputaciones, pero rechazó las detenciones y les devolvió la libertad con una condición: prohibición de acercarse o contactar a los testigos durante cuatro meses.

La decisión no cerró el tema. La fiscal pidió que se revise el fallo, por lo que ahora deberá convocarse a una nueva audiencia ante un tribunal de tres jueces o juezas de garantías.

Todo se desprendió de una seguidilla de allanamientos en tres domicilios y dos locales comerciales de Chos Malal, realizados antes de la audiencia que se concretó el viernes por la noche. En los procedimientos se secuestraron cocaína, cannabis, dinero en efectivo, armas, municiones y elementos vinculados a la venta de drogas. Cuatro personas habían quedado detenidas tras los operativos.

Cómo funcionaba la red, según la acusación

De acuerdo con la descripción que Rivera hizo durante la formulación de cargos, los cuatro investigados actuaban en conjunto y con funciones repartidas para vender cocaína y cannabis en la localidad, al menos entre el 16 de julio y el 8 de octubre de este año.

Según la acusación, uno de los imputados, identificado como A.A.A., era quien proveía las sustancias e impartía las instrucciones sobre pesaje, fraccionamiento y comercialización. Los otros tres —I.M.N., P.K.S. y L.A.F.— cumplían distintos roles vinculados a la tenencia y venta de estupefacientes y a los movimientos de dinero a través de billeteras virtuales.

Qué encontraron en los allanamientos

En la vivienda de uno de los imputados aparecieron 81,6 gramos de cocaína compactada. En otro domicilio se secuestraron 185 gramos de cannabis, además de otras cantidades de estupefacientes. También se incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos que, según la fiscalía, están relacionados con la actividad investigada.

Rivera les atribuyó a los cuatro la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de coautores, y sostuvo que actuaban de manera organizada y con roles definidos. A A.A.A. le sumó la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

Por qué la fiscal pedía la prisión preventiva

Al solicitar las medidas de coerción, Rivera advirtió sobre riesgos para la investigación. Entre ellos, la posibilidad de que los imputados accedieran de forma remota a la información guardada en los dispositivos electrónicos secuestrados y la necesidad de entrevistar a personas que podrían aportar datos sobre los hechos. También mencionó a testigos cuya identidad debe mantenerse resguardada.

Egea no hizo lugar a las prisiones preventivas y dispuso la libertad de los cuatro. Sí entendió que la investigación debía garantizarse e impuso prohibiciones de acercamiento y contacto respecto de dos testigos identificados, por cuatro meses. Ante ese rechazo, la fiscal pidió la revisión de la decisión.

Clausura y embargos

A pedido de la fiscal, el juez prorrogó por dos meses la clausura de la vivienda de A.A.A., señalada como uno de los lugares usados para la venta de estupefacientes. La fiscalía también había pedido extender la clausura de un local comercial ubicado en el mismo predio, pero esa medida no fue concedida.

Además, se autorizó el embargo de fondos en billeteras virtuales de los imputados, con excepción de L.A.F., respecto de quien el juez consideró que no se habían presentado elementos suficientes para justificar la medida.