Incendio en cárcel de Córdoba: las familias de dos reclusas muertas exigen saber por qué las dejaron atrás

Un trágico incendio en la Unidad Penitenciaria de Bouwer, Córdoba, cobró la vida de dos mujeres privadas de su libertad en diciembre pasado. A dos meses de la tragedia, los familiares de las víctimas reclaman una investigación exhaustiva sobre las condiciones del penal y una demora en la evacuación que habría sido fatal. “Queremos saber qué pasó realmente y que se haga justicia”, exige la madre de una de las fallecidas.

Las víctimas fueron identificadas como Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33. Ambas se encontraban en una celda de aislamiento cuando el fuego se desató en la madrugada del día 20 de diciembre de 2025.

Los allegados a las mujeres sostienen que hubo una respuesta tardía del personal penitenciario para liberarlas. Testigos del hecho aseguran que se escucharon pedidos de auxilio desde la celda, pero las puertas no se abrieron a tiempo.

¿Qué falló dentro del penal?

Las familias han aportado detalles alarmantes sobre el entorno carcelario. Denuncian la presencia de colchones altamente inflamables, un presunto encendedor que pudo originar el fuego y matafuegos que se encontraban en desuso.

La causa judicial avanza en los tribunales provinciales de Córdoba. La querella, representada por el abogado Diego Casado, impulsa una serie de medidas para esclarecer los hechos. Entre los delitos que se investigan figuran el abandono de persona y el homicidio agravado por abuso de función.

“La vida de Guadalupe estaba bajo responsabilidad del Estado. Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad”, argumentaron los representantes legales de las familias.

Una investigación que busca respuestas

Los pedidos de la querella son múltiples y apuntan a reconstruir minuciosamente lo ocurrido. Solicitaron el análisis de los protocolos de actuación ante incendios y la verificación del estado de todos los equipos de emergencia.

También exigen la identificación del personal que estaba de turno esa madrugada, el relevamiento de las filmaciones de las cámaras de seguridad y la realización de pericias técnicas en el lugar. Además, se pidió tomar declaración a otras internas testigos y a los profesionales de la salud que intervinieron.

Una de las hipótesis más graves que manejan los familiares es la posibilidad de que hubo intentos de coordinar o alterar las declaraciones del personal penitenciario. Sostienen que algunos agentes se habrían reunido con autoridades del establecimiento antes de prestar declaración, lo que genera dudas sobre la transparencia del proceso.

A dos meses de la tragedia, el reclamo de justicia se mantiene firme. Los familiares insisten en que el caso no quede impune y que se investigue por todas las vías posibles para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.