Incendio en subestación de Tolosa: exigen saber qué se quemó y cómo afectó al ambiente

El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires salió al cruce tras el incendio en la Subestación Tolosa de EDELAP y reclamó una investigación ambiental profunda para determinar qué sustancias y materiales estuvieron involucrados en el siniestro.

La entidad no solo pide conocer los detalles técnicos del fuego, sino también si hubo afectación sobre la población y el entorno. En un comunicado oficial, el CPQ-PBA manifestó su preocupación y exigió pericias ambientales integrales de manera urgente.

¿Qué hay detrás del pedido?

Desde el Consejo señalaron que el episodio no debe analizarse únicamente desde el punto de vista eléctrico o estructural. Consideran clave determinar qué ocurrió con los materiales y sustancias químicas presentes en la instalación antes, durante y después del incendio.

En particular, piden establecer si los transformadores afectados contenían aceites dieléctricos, cuál era su composición y cantidad, y si se produjo algún derrame durante el fuego o en las tareas posteriores de intervención.

“No alcanza con determinar si hubo o no una emisión visible: es necesario investigar qué sustancias pudieron liberarse y cuál fue su destino”, sostuvieron desde la entidad, advirtiendo que los aceites de los transformadores pueden derramarse, degradarse por las altas temperaturas o ser arrastrados por el agua usada en la extinción.

¿Qué otros riesgos evalúan?

El CPQ-PBA también consideró necesario evaluar la posible generación de gases, vapores, material particulado, hidrocarburos y otros productos de combustión derivados de la afectación de aceites, cables, plásticos, aislantes y otros componentes eléctricos. Además, reclamó conocer los antecedentes de los controles realizados sobre los fluidos dieléctricos de los equipos involucrados.

La institución pidió a las autoridades competentes que informen las actuaciones realizadas, los resultados de las pericias y análisis ambientales, y las medidas de prevención, contención y eventual remediación adoptadas.

“La población tiene derecho a conocer qué sustancias estuvieron involucradas, qué controles se realizaron y cuáles fueron los resultados de las evaluaciones ambientales”, remarcaron desde el Consejo.

En ese sentido, la entidad puso a disposición de las autoridades su experiencia y la de los profesionales matriculados para colaborar en las tareas de evaluación, monitoreo y asesoramiento técnico que sean necesarias.

“Ante un episodio de estas características, investigar, medir e informar no es una opción: es parte de la responsabilidad de proteger a la población y al ambiente”, concluyó el comunicado.