Inmobiliarias de Santa Cruz piden frenar la ley que las obligaría a titularse

La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) solicitó a la Cámara de Diputados suspender el tratamiento del proyecto de ley que crea el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos, al considerar que la iniciativa avanza sin consenso y con graves consecuencias para el sector.

La entidad, que nuclea a cerca del 90% de las inmobiliarias en funcionamiento en la provincia, reclama además la apertura de una mesa de diálogo participativo e inclusivo antes de que la norma siga su curso en las comisiones.

Cuestionamientos jurídicos y económicos

Según la ACIS, el proyecto N.º 367/2024 pretende condicionar el ejercicio de la actividad inmobiliaria a una titulación específica, lo que vulneraría la libertad de trabajar y asociarse contemplada en el artículo 14 de la Constitución Nacional, además del principio de razonabilidad del artículo 28.

También advierten que aplicar nuevas exigencias a locales ya constituidos desconoce el principio de irretroactividad de la norma (artículo 7 del Código Civil y Comercial) y afecta derechos adquiridos de quienes ejercen lícitamente la actividad.

En el plano económico, la matriculación obligatoria con título, sumada a aranceles y nuevas cargas administrativas, impactaría de lleno en las pymes y emprendimientos familiares del interior provincial. La entidad sostiene que una ley de alcance provincial debe contemplar la heterogeneidad de Santa Cruz, y que imponer requisitos uniformes derivaría en el cierre de comercios, pérdida de puestos de trabajo y concentración de la oferta en pocas ciudades.

La propuesta de la ACIS

La Asociación elaboró un proyecto alternativo que busca integrar a todas las inmobiliarias sin exclusiones, promoviendo la capacitación continua y la transparencia del mercado, pero sin restringir la actividad solo a profesionales titulados.

Entre los pedidos formales a Diputados, la ACIS solicitó la suspensión inmediata del tratamiento del proyecto, la convocatoria a una mesa de trabajo formal y participativa, la exclusión expresa del rubro inmobiliario del articulado, el resguardo de los derechos adquiridos, la inclusión de su propuesta en el expediente, y el uso de la palabra ante la Comisión de Legislación General.

Además, propone la creación por ley de dos colegios profesionales separados: uno para Martilleros y Corredores Públicos, y otro para Corredores Inmobiliarios, tal como ya ocurre en catorce jurisdicciones del país, entre ellas CABA y Córdoba.

La entidad dejó formulada la reserva de recurrir a las vías institucionales y judiciales de inconstitucionalidad si la ley se sanciona sin contemplar la realidad de la actividad inmobiliaria santacruceña.