Inmobiliarias de Santa Cruz piden frenar un proyecto de ley: qué reclaman y cuál es la advertencia al Gobierno

La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) solicitó formalmente a la Cámara de Diputados de Santa Cruz que suspenda el tratamiento del Proyecto de Ley N.° 367/2024, que propone crear un Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos. La entidad, que asegura representar a cerca del 90% de las oficinas del sector en la provincia, rechaza el avance de la iniciativa en los términos actuales y pide abrir una instancia de diálogo participativo.

El proyecto, que ya está en comisiones asesoras, busca regular la actividad de martilleros y corredores públicos. Sin embargo, ACIS sostiene que la propuesta fue presentada como consensuada por todo el sector, algo que niega: asegura que participó de instancias previas con observaciones y propuestas, pero que no existió un acuerdo institucional que habilite esa afirmación.

Qué cuestiona ACIS del proyecto de ley

Uno de los principales planteos de la asociación es que la regulación profesional no debería alcanzar automáticamente al conjunto de las inmobiliarias. "La creación de un Colegio Profesional puede atender a las necesidades específicas de los martilleros y corredores públicos matriculados", señala la entidad, aunque advierte que "su regulación no debe extenderse de forma automática al rubro inmobiliario".

En ese sentido, ACIS diferencia la representación de los profesionales matriculados de la de las inmobiliarias que desarrollan su actividad comercial en la provincia. "La entidad impulsora -la Asociación Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Cruz- representa legítimamente a sus colegiados, pero carece de la representatividad necesaria para tomar decisiones que afecten a la totalidad de las oficinas inmobiliarias que operan en la provincia", sostiene el comunicado.

La asociación también apunta a una eventual exigencia de titulación profesional para desarrollar determinadas tareas dentro de las inmobiliarias. Según ACIS, una disposición de esas características podría afectar a trabajadores y establecimientos que actualmente desarrollan la actividad dentro del marco legal vigente.

En materia jurídica, la entidad sostiene que una colegiación obligatoria que condicione el ejercicio del rubro a una titulación específica podría entrar en tensión con derechos establecidos en la Constitución Nacional. "Disponer una colegiación obligatoria sobre toda la actividad inmobiliaria, pretendiendo condicionar el ejercicio del rubro a una titulación específica, vulnera la libertad de trabajar y asociarse contemplada en el artículo 14 de la Constitución Nacional, además del principio de razonabilidad del artículo 28", expresa el documento.

ACIS también cuestiona la posibilidad de aplicar nuevas exigencias sobre comercios que ya se encuentran funcionando. "La pretensión de aplicar nuevas exigencias de titulación o matriculación a locales comerciales legalmente constituidos desconoce el principio de irretroactividad de la norma (...) y vulnera los derechos adquiridos de quienes vienen ejerciendo lícitamente la actividad dentro del marco legal vigente", sostiene.

En el plano económico, la asociación advierte especialmente sobre el impacto que podrían tener nuevas matrículas, aranceles y cargas administrativas sobre las pequeñas y medianas inmobiliarias del interior provincial. "La matriculación obligatoria con exigencia de título, sumada a los costos de aranceles y nuevas cargas administrativas, afectaría directamente a las pymes y emprendimientos familiares del interior provincial", afirma el comunicado.

ACIS plantea además que Santa Cruz tiene realidades territoriales diferentes y que una regulación uniforme podría generar efectos desiguales entre las distintas localidades. "Una legislación de alcance provincial debe contemplar la heterogeneidad social y territorial de Santa Cruz", señala la entidad, que advierte que la imposición de determinadas exigencias podría derivar, según su evaluación, en "el cierre de inmuebles comerciales, la pérdida de puestos de trabajo y la concentración de la oferta en unas pocas ciudades".

Los siete pedidos que ACIS llevará a Diputados

A partir de estos cuestionamientos, la asociación detalló siete pedidos concretos que pretende incorporar al debate legislativo. El primero es la suspensión inmediata del tratamiento del proyecto en las comisiones asesoras hasta que se desarrollen las instancias de diálogo reclamadas. El segundo consiste en una convocatoria a una mesa de trabajo formal, pública y participativa, con presencia de los actores que representan al sector inmobiliario.

El tercer pedido apunta directamente al alcance de la iniciativa: ACIS solicita la "exclusión del rubro inmobiliario" del articulado y propone que las disposiciones se limiten al ejercicio profesional específico de martilleros y corredores públicos de acuerdo con su titulación. El cuarto reclamo es el resguardo de los derechos adquiridos: pide que ninguna nueva norma modifique, condicione o restrinja el funcionamiento de las inmobiliarias que actualmente están establecidas en Santa Cruz ni el ejercicio de quienes desarrollan lícitamente la actividad.

El quinto punto consiste en incorporar al expediente legislativo la postura institucional y la propuesta alternativa elaborada por ACIS. El sexto pedido es contar con un espacio formal para hacer uso de la palabra en las comisiones, particularmente ante la Comisión de Legislación General y los distintos bloques parlamentarios. Finalmente, el séptimo planteo propone avanzar con dos colegios profesionales separados: uno de Martilleros y Corredores Públicos, sin injerencia sobre el rubro inmobiliario, y otro de Corredores Inmobiliarios.

Según ACIS, este esquema ya existe en otras jurisdicciones del país. El comunicado menciona específicamente a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba entre las jurisdicciones donde los colegios profesionales se encuentran separados y afirma que existen "catorce (14) jurisdicciones donde los Colegios están separados".

La propuesta alternativa que plantea el sector inmobiliario

Además de cuestionar el proyecto actualmente en tratamiento, ACIS asegura haber elaborado una propuesta propia para regular la actividad. La entidad afirma que su iniciativa está basada en "el conocimiento operativo y territorial del rubro" y que busca integrar a las inmobiliarias de toda Santa Cruz "sin exclusiones ni privilegios sectoriales".

La asociación aclara que no se opone a la capacitación ni a una mayor transparencia del mercado. Por el contrario, sostiene que promueve "la capacitación continua, la transparencia del mercado y el resguardo de la comunidad". La diferencia está, según su planteo, en el mecanismo para alcanzar esos objetivos: ACIS considera que la jerarquización de la actividad no debería producirse mediante una restricción general del mercado a profesionales titulados, sino a través de un proceso legislativo que contemple la realidad de quienes actualmente desarrollan la actividad.

"Una norma destinada a regular a todo un sector comercial no puede ser dictada sin la participación de la entidad que nuclea a la amplia mayoría de sus referentes", sostiene el comunicado.

La asociación cerró su planteo con un pedido de participación antes de que continúe el tratamiento legislativo y dejó asentada una advertencia institucional: si la ley fuera sancionada sin contemplar sus planteos, ACIS evalúa recurrir a las vías institucionales y judiciales correspondientes. En concreto, la entidad manifestó que mantiene la reserva de recurrir a acciones de inconstitucionalidad en caso de que la norma sea aprobada "ignorando la realidad de la actividad inmobiliaria santacruceña". El planteo abre ahora una nueva instancia en torno al alcance que debería tener la futura regulación y, especialmente, sobre la participación de las inmobiliarias en el debate legislativo provincial.