Inocencia Fiscal II: el blindaje para funcionarios que desató una guerra en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva ley de Inocencia Fiscal, pero con una condición que sacudió la política: los funcionarios públicos de los últimos cinco años quedaron afuera de los beneficios. La exclusión, impulsada tras el escándalo por la adhesión de Manuel Adorni, marcó el rumbo de una votación que terminó 139 a 110.

El oficialismo sumó su segundo triunfo consecutivo en el recinto, después de la reforma del BCRA, y ahora el proyecto pasó al Senado. La iniciativa, que llegó desde el Ministerio de Economía, busca regularizar ahorros no declarados, pero la negociación política dejó heridos y sorpresas.

¿Qué cambió con los funcionarios?

La modificación más resonante fue la que impide que los funcionarios de los tres poderes del Estado accedan a los efectos, beneficios y presunciones del régimen. Si bien podrán usar la vía simplificada para declarar y pagar, no gozarán de las ventajas impositivas.

La defensora del proyecto, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, fue contundente: “No dudamos un minuto en eliminar a los funcionarios públicos de los beneficios de la ley de Inocencia Fiscal. No nos tiembla el pulso cuando se trata de generar más transparencia y menos impunidad”.

La decisión llegó después de que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni adhiriera al régimen mientras era investigado por la Justicia. Un coletazo que obligó al oficialismo a endurecer el proyecto para evitar más críticas.

El kirchnerismo apunta a los familiares

Pero la oposición no se quedó en silencio. Agustín Rossi alertó que “dejaron afuera a los familiares, y ya sabemos lo que pasó con el blanqueo de (Mauricio) Macri”. Según el diputado, la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, podría ser una de las beneficiarias.

Rodríguez Machado respondió que los familiares siguen siendo “Personas Políticamente Expuestas” y deben informar sus transacciones, pero la sospecha quedó instalada.

Alivio para pymes y críticas cruzadas

La ley también trae un respiro para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes tendrán una reducción automática del 25% en multas formales, y hasta 50% en sanciones anteriores.

“En esta ley los grandes contribuyentes están afuera. Queremos dejar en claro que es una ley para la gente”, concluyó Rodríguez Machado.

Pero el economista Martín Lousteau fue lapidario: “La saga entera de Inocencia Fiscal I y II es un desastre”. Para él, detrás de la fachada de simplificación se esconde “la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”.

El cordobés Martín Llaryora, en tanto, retiró su apoyo: cinco de sus seis diputados votaron en contra y Alejandra Torres se abstuvo, pidiendo primero “sanear” el ARCA.

La votación dejó un clima enrarecido y un proyecto que, con esta modificación, busca mostrarse más transparente. ¿Será suficiente para callar las críticas? El Senado tendrá la última palabra.